Del vacío a la incongruencia: políticas de migración en Colombia

Por Manuel Velandia Mora[1], [2]
investigadormanuelvelandia@gmail.com

En la presentación del Foro internacional: “La migración en Colombia: un reto para el siglo XXI”, celebrado en Bogotá en julio de 2007, se afirmó que el fenómeno de las migraciones puede ser estudiado desde diferentes puntos de vista: por un lado, puede entenderse como el libre movimiento de personas, bienes y capital, en sociedades concebidas como estructuras abiertas, en que las personas tienen el derecho de tomar distintas decisiones con la legitimidad de construir sus propios proyectos de vida. Por el otro, como un acto casi forzoso, derivado en gran parte de la falta de oportunidades y la urgencia de satisfacer necesidades básicas como la salud, la educación, el trabajo y la seguridad, muchas veces proveídos ineficientemente por parte del Estado.

Es precisamente desde esta segunda perspectiva en la que escribe el presente artículo, en el que se reflexiona sobre los intentos colombianos por construir una política de migración. Los ejemplos que se utilizan se relacionan con la situación española y/o con la Unión Europea, pero debe comprenderse que en las últimas décadas tanto la migración a otros países, como la migración interna tienen raíces comunes en Colombia.

La migración ha sido un fenómeno universal y permanente. Con excepción de la inmigración española y la introducción de negros africanos durante los siglos XVI a XVIII, el territorio colombiano no ha sido receptor de grandes corrientes migratorias procedentes de Europa o de otros continentes.[3] En septiembre de 2007, se conocía que 3,3 millones de colombianos vivían en el exterior, de los cuales el 51,4% son mujeres.

Uno de los países que más población colombiana recibe es España, razón por la cual el tema migratorio ocupa la atención de las agendas públicas de ambos países. Tal vez el fenómeno más importante de las migraciones internas después de la llamada colonización antioqueña de finales del siglo XIX, la de quienes buscaban mejores condiciones de vida a comienzos del siglo XX y la de los emigrados de la “violencia colombiana” de los años cincuenta y sesenta del siglo XX, lo constituye, en los últimos años, el éxodo de “un país que huye” de los ejércitos en conflicto[4].

Los principales grupos señalados como promotores del desplazamiento forzado interno en Colombia, son los “esmeralderos, grupos de autodefensa, guerrilla, milicias populares, narcotráfico, organismos del Estado (DAS, Policía, Fuerzas Militares) paramilitares y terratenientes”[5]. El desplazamiento forzado interno es una de las manifestaciones de esta crisis, quizá la de mayor gravedad, no sólo por la magnitud que reviste (cerca de 2 millones de personas en 15 años) sino por el tipo de rupturas sociales, políticas y culturales que genera; por los interrogantes profundos que plantea sobre el sentido histórico y futuro de la nación colombiana y por la tendencia a la fragmentación social que conlleva.[6]

La política migratoria internacional colombiana tiene dos vertientes importantes para su construcción, por un lado la situación nacional, que demuestra un continuo y exponencial crecimiento de la migración, y por otro, la presión surgida por las políticas internacionales, que se endurecen en la medida en que crece la crisis económica mundial y específicamente, la situación de desempleo, y por consiguiente, las condiciones cualitativas y cuantitativas de los migrantes y las condiciones sociales, políticas y culturales que de ello se derivan para las fuerzas migrantes laborales.

Al incrementarse la crisis se disminuye el interés en salir del país tras mejores perspectivas económicas y de trabajo, pero se mantiene la tasa de quienes buscan satisfacer necesidades como la educación y la salud. En el caso de la seguridad, la inmigración en Colombia ha crecido constantemente y de manera exponencial con el actual gobierno.

La situación legal de la migración nacional y trasnacional en Colombia

Colombia ha sido en términos relativos, uno de los países suramericanos que menos promoción le dio al tema de la inmigración, durante la década de los 50, 60 y 70. En la década de los noventa, se inicia con una clara tendencia a la apertura y consolidación de las relaciones internacionales, cambiando la hipótesis del conflicto por el de la cooperación y la integración de países en bloques... La Constitución Política de Colombia, recoge esta tendencia y resalta el espíritu integracionista de la política exterior colombiana, buscando la complementación económica con el fin de optimizar la utilización y movilidad de los factores de producción, de alcanzar escalas productivas eficientes y estimular las inversiones encaminadas a un intensivo aprovechamiento de los mercados y de la capacidad competitiva en las corrientes de intercambio regional y mundial[7].

Para comprender qué sucede actualmente en el fenómeno de la migración a otros países debe recordarse que en Colombia se crea por el Decreto 1239 de 2003, la Comisión Nacional Intersectorial de Migración, como un órgano para la coordinación y orientación en la ejecución de la política migratoria del país. Que en los objetivos de la “Política Exterior Colombiana 2006-2010” se contempla la necesidad de diseñar una Política Integral de Migraciones. De tal manera que en el “Plan de Desarrollo 2006- 2010” se afirma que “el fortalecimiento de la política estatal migratoria constituye un elemento determinante como factor de desarrollo, por lo que es necesario potenciar en sus efectos positivos tanto en sus países de origen como en los de destino”, y que en el “Documento Visión Colombia 2019”, Capitulo 6, titulado “Diseñar una Política Exterior acorde a un mundo en transformación”, se ha contemplado como una de sus metas “Reforzar los vínculos con los colombianos en el exterior y favorecer sus aportes al desarrollo de la Nación”.

Política sin diagnóstico
Hacer una política de migración requiere una serie de conocimientos previos, que se deben basar en estudios realizados desde disciplinas como la economía, la politología, la filosofía, la antropología, la etnografía, la sociología, la educación y la historia. La principal falencia diagnóstica para hacer una política es que Colombia no re-conoce con profundidad la gravedad de la causa principal de la migración, de la que se derivan muchas otras; mucho menos conoce sus características y efectos. Colombia se halla en un conflicto interno, una guerra que ha incrementado los niveles de pobreza absoluta, que ha desvirtuado el uso del producto interno bruto y que ha destinado su uso al armamentismo, al pago de un ejército de delatores, y desestimado la función de la educación y de la salud publica.

Desde otro punto de vista, se considera que “La política antinarcóticos basada en la represión de los cultivos ilícitos lleva a nuevas formas de movilidad de estas economías y sus secuelas sociales hacia otros territorios de la región Andina, comprometiendo de paso la reserva ambiental multinacional del Amazonas.”[8] Sin el reconocimiento y diagnóstico, no se puede solucionar uno de los grandes problemas de base y mucho menos pensar en alternativas, pues estas se fortalecen con la validación de los planteamientos básicos de los derechos humanos, y el reconocimiento de las diferencias y las diversidades, principios de toda política incluyente, democrática y solidaria.

Frente al desplazamiento forzado en Colombia se han creado políticas que parecería que no viene al caso analizar en este escrito; sin embargo, los mismos argumentos de base que configuran la problemática del desplazamiento internacional son las que originan el desplazamiento interno y sus soluciones, pues en muchos casos los dos tipos de migraciones se imbrican como sucede en los desplazamientos forzados fronterizos.

La política que se traza actualmente en Colombia sobre migración tiene una serie de falencias que pretendo dar a conocer a continuidad.

Política sin objetivos
Una política de migración debe estar perfectamente encaminada a cumplir un objetivo concreto. La lectura de los documentos marco del “Programa Colombia nos une”, arriba citados, demuestra que no hay metas claramente definidas como tampoco un “norte” político claro.

Política sin principios éticos
Hacer una política de migración requiere de unos principios éticos, y sin el reconocimiento de la permanente vulneración de los derechos humanos e incluso de los derechos sexuales, al interior del país, es imposible construir una política interna coherente con la realidad nacional.

Política basada en el sentido común
La más sobresaliente de las falsas creencias que se fundamentan en el “sentido común” se relaciona con el nivel de formación de los migrantes colombianos. Se considera que el nivel educativo de los colombianos sobresale del de los demás inmigrantes latinoamericanos. Es evidente que sobresale no porque sea superior, sino porque los migrantes de otros países, especialmente del Área Andina, tienden a tener niveles educativos formales de formación más bajos. Sin embargo, este plus no determina que tengan acceso a trabajos de mayor rango, en especial porque no hay políticas claras de homologación internacional de títulos universitarios. A lo anterior debe sumarse que el desconocimiento de otras lenguas es una barrera infranqueable para muchos de los migrantes.

Otra falsa creencia tiene que ver con la “facilidad para integrar productivamente a la mano de obra” por medio de convenio de flujos de trabajadores migrantes, cabe destacar que, por ejemplo, la migración hacia España está relacionada con la agricultura (trabajo estacional) y la construcción, dos actividades actualmente en crisis, con efectos negativos especialmente para los migrantes. Estos, cuando luego de concluir su contrato, deciden quedarse entran en procesos de ilegalidad, por cuanto su traslado obedece a permisos temporales, situación que los conduce a trabajos a destajo, con baja remuneración.

Una última falsa creencia, entre las muchas que quedan por analizar, sería la del flujo de capitales y su incidencia en la economía nacional. Aun cuando es verdad que las remesas se venían incrementando, eso tan sólo es verdad para épocas pasadas, actualmente las personas cada vez menos pueden aportar capital a sus familias en Colombia y cuando lo hacen a pesar de la situación real económica y laboral en la que viven en los países a los que han migrado, se ven obligados a desarrollar trabajos de bajo nivel y de reconocimiento social y económico, actividades que muchas veces consideran denigrantes, y que realmente los son, porque en algunos casos deben recurrir a la prostitución y/o actividades ilegales, que afectan además su situación emocional, autoestima, auto y heterovaloración, y de paso terminan minando las relaciones familiares.

La situación del empleo
Veamos un caso sobre la situación de empleo. Los servicios públicos de empleo españoles alcanzaron a finales de marzo de 2009 la barrera de los 3,6 millones de personas sin trabajo. A finales de 2008, con relación a inmigrantes, en el sector de la construcción se registraron 70.701 desocupados (el 13,60%), en el Sector de servicios, 46.471 (2,69%) y en el Sector de la industria 27.725 (7,45%). El aumento del desempleo ha obligado a los nacionales españoles a aceptar empleos en los que realizan tareas que tradicionalmente no querían realizar y que eran dadas a los inmigrantes, como son los casos del campo y la construcción. Este ultimo uno de los sectores mas afectados por la actual crisis económica española provocando que un gran volumen de extranjeros se encuentre en paro (40% de nuevos parados). La Secretaria General de Empleo en España, Maravillas Rojo, afirmó que “el año 2009 será muy difícil, en la medida en que seguirá creciendo el desempleo, como consecuencia de la caída de la actividad productiva y del consumo". En lo que va corrido del año 2009 esta predicción se ha cumplido, superando los índices proyectados.

Interrelación, interafectación e interdependencia
Analizando sistemicamente la situación de la migración, puede decirse que el incremento en el número de inmigrantes es tan solo la emergencia, es decir el resultado de la interrelación, interafectación e interdependencia de una gran cantidad de situaciones que es necesario tener en cuenta, no solo a nivel interno, sino también a nivel internacional, especialmente en aquellos países a donde suelen desplazarse en mayor volumen, los colombianos.

Un aspecto determinante es la imposibilidad que tienen los países de cubrir la mano de obra necesaria, pues ello los hace atractivos para los migrantes como fuente de empleo. Mientras que la fecundidad continúe en descenso y la esperanza de vida en aumento, Europa se encontrará en primera línea del proceso de envejecimiento de la población a nivel mundial. Durante los últimos decenios, las tasas de fecundidad en Europa han descendido hasta una media de 1,4 hijos por mujer en edad de procrear. La población de 60 años o más representa hoy el 20 % de la población en Europa y, de aquí al año 2050, esta cifra llegará probablemente a alcanzar el 33 %.[9] En la medida que la población envejece se requiere de mano de obra y en consecuencia de migrantes que desarrollan aquellas actividades productivas que los mayores no pueden ejecutar.

Aunque las políticas de migración en la Unión Europea son la competencia primordial de los Estados Miembro, la Unión tiene un importante rol que jugar ya que fija el marco general. La UE, por ejemplo, ha sido criticada recientemente por la "Directiva de Retorno", que establece reglas comunes de deportación de inmigrantes irregulares. Además, los países que se encuentran en las fronteras de la Unión, como Italia, quieren compartir sus responsabilidades con otros Estados Miembro. Allí existe además la necesidad de encontrar una solución común, dice Kacim Kellal del Ministerio francés de Migración e Identidad Nacional.[10] La Unión Europea debería reconocer la importancia de la migración ya que los trabajadores migrantes ayudan a mejorar su funcionamiento y cada vez mas tendrá que reconocer tener necesidad de ellos.[11]

Las condiciones económicas que pueden tener los migrantes, determinan el bienestar y calidad de vida que estos pueden obtener, pero también las que esperan para sus familiares que permanecen en Colombia. La situación de la economía mundial ha cambiado las perspectivas para los inmigrantes y han planteado la contradicción entre las necesidades reales y la posibilidad de que inmigrantes europeos, provenientes de países que hace algunos años ingresaban como ilegales, puedan entrar actualmente de manera legal cambia las perspectivas para los latinoamericanos, en especial cuando se han creado recientemente políticas que favorecen la repatriación de inmigrantes.

En la zona del euro, los salarios y sueldos aumentaron en un 3,7% en el año hasta el primer trimestre de 2008. El Consejo de Ministros de España aprobó un importe del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) para el año 2009, que se ha fijado finalmente en 624 euros mensuales (1.872.000 pesos), lo que supone un incremento del 4% respecto a la establecida en 2008. En Colombia el salario mínimo para el 2009 quedó en $497.000 pesos, sin embargo, la inflación para los colombianos de estrato bajo fue de 8,99%, según el DANE. Las personas cuando emigran siempre tienen la idea de que obtendrán un trabajo, pero no tienen en cuenta que mientras no tengan un permiso de trabajo tendrán que laborar como ilegales y hacerlo con salario inferior, si a ello suman los cambios que se han generado con la crisis económica comprenderían, que en el momento actual las posibilidades de obtener un trabajo son cada vez menores. Por otra parte, el autor ha observado que las personas viven en condiciones de hacinamiento y con baja calidad de vida, especialmente por los costos de vida, pero especialmente porque prefieren sacrificar su bienestar en beneficio de la calidad de vida familiar, ya que son concientes de que cualquier aporte económico que logren preveer a su familia se multiplica por tres en Colombia.

Otro aspecto preocupante para quienes viven fuera de su país, incluso en países en los que se habla el castellano, es la interculturalidad. En España se hablan lenguas diferentes al español (Valenciano, Catalán, Euskera, Gallego y Aragonés); en las diferentes comunidades esos idiomas son igualmente oficiales, en tal sentido, para ciertos trabajos se requieren mínimos conocimientos de ellos. La falta de su dominio hace menos competitivas a las personas en empleos que las ponen en relación directa con el cliente. Pero la lengua no es siempre lo más determinante en la multiculturalidad, la manera como se vive en el cotidiano, la dieta alimentaria, el sentido del humor y cosas tan sencillas como hablar sobre sí de manera positiva (que se considera prepotencia) se vuelven barreras cotidianas difíciles de sobrepasar, que sin embargo determinan las posibilidades de construir relaciones interpersonales y que terminan siendo la razón por la que muchas personas deciden regresar a su país.

En la mayoría de países europeos el reconocimiento de los saberes se dificulta, mientras no haya habido homologación de títulos, se considera que la persona tiene un nivel escolar primario; la homologación de títulos puede demorar entre uno y dos años y generalmente implica tomar algunos cursos adicionales para alcanzar el titulo español. A ello debe agregarse que es difícil demostrar la experiencia laboral cuando no se ha oficializado un documento con el cual ello pueda comprobarse. Sin embargo también he observado que en aquellas situaciones en las que se desempeña una profesión de la cual hay una necesidad demostrada, por ejemplo profesionales de la medicina, la enfermería y la informática (sistemas), las personas logran ubicarse en mejores condiciones, especialmente si son contratados en el país de origen.

Falencias en la construcción de la política
Mientras en Colombia no se logre en las políticas de migración el reconocimiento de los anteriores aspectos, que son tan solo algunos de los que minan la posibilidad laboral, será imposible que las personas accedan a trabajos que no sean de bajo rango económico.

Tal y como ha sucedido siempre en otras temas, las políticas de migración de los países tercermundistas dependerán de la economía, de la necesidad de mano de obra barata y de las decisiones que sobre el tema se toman en el club de los países ricos.

La discusión de las políticas en Colombia debe alimentarse de lo que sucede en el resto del mundo, pero igualmente debe acompañarse de equipos interdisciplinarios e interinstitucionales de trabajo en los que participen las ONG de inmigrantes y migrantes, de Derechos Humanos, las que se orientan a situaciones derivadas de la migración ilegal, como también las conformadas por víctimas del conflicto armado, de la trata de personas.

Debe investigarse etnográficamente a los migrantes que han regresado por decisión propia y aquellos que fueron obligados a hacerlo; aquellos que optaron por quedarse y se vieron obligados a quedarse de manera ilegal o lo hicieron legalmente; los asilados políticos y por otras formas de violencia, como la sexual, ya que su conocimiento, experiencia y emoción son un aporte fundamental para hacer una política útil a los ciudadanos. Sólo con un estudio exhaustivo de la realidad y con el reconocimiento pleno de los orígenes reales de la migración, por ejemplo de que Colombia está en un conflicto interno, podrá el país aproximarse a la construcción de una política efectiva y congruente con las necesidades reales de los y las colombianos/as.

La participación de la sociedad civil
Velandia (2005) considera que la realización de los derechos, ya sea porque existe el riego de que estos se vulneren o porque ya han sido vulnerados, implica llevar a cabo acciones institucionales y poner en marcha mecanismos de protección que hagan posible la eficacia material de dichos derechos; es decir, su cumplimento efectivo y no sólo respuestas simbólicas que “ofrecen alternativas” que nunca se llevan a la práctica. Lograr acciones institucionales orientadas a la realización de derechos de las personas se hace posible en la medida en que cumplimos un “ciclo de política pública”. Se entiende que la política pública es la resultante del proceso que articula la participación y el diálogo de todos los actores involucrados con respecto al tema que la convoca; éste se considera prioritario por ser un problema entendido como socialmente relevante, luego de un análisis claro y realista sobre lo que existe y lo que al respecto es apropiado, en cuanto a la satisfacción de necesidades de la comunidad directa e indirectamente afectada.[12]

Velandia considera en el citado texto, que las políticas públicas se diseñan y construyen desde y con las personas, en un territorio determinado y con las posibilidades para de dar una respuesta efectiva a un problema determinado. Dicha respuesta puede o no es ser definitiva, pero posibilita la revisión o el diseño e implantación de acciones conjuntas con otras entidades públicas y privadas que cooperan en la búsqueda de alternativas.

Las condiciones en las que se desarrolla una política pública, según Velandia, deben estar dadas de acuerdo con las necesidades propias y particulares de cada población; es decir, desde un enfoque diferencial y de equidad. Comprendiendo que no es solamente la atención post emergencia –cuando ya se ha emigrado-, sino que parte desde generar las condiciones básicas para la realización de los derechos como fundamento de cualquier tipo de acción afirmativa. El fin del restablecimiento es intentar compensar las inequidades producto de la falla estatal en el deber de protección; en consecuencia, las acciones de este orden abarcan todo el ciclo de la política pública, diseño (que incluye el diagnóstico), desarrollo, implementación, seguimiento y evaluación.

Sin embargo, cuando el estado “investiga” suele relativizarse el diagnóstico a las necesidades del Estado, de ahí la importancia de crear y fortalecer un mecanismo de participación democrático e incluyente con la participación de todos los actores sociales, que le de vida a la política migratoria en todos sus campos, idea propuesta entre otros por la Fundación Esperanza. Los diagnósticos y las propuestas para el diseño deben construir consensos que se validen a través de iniciativas legislativas y del ejecutivo, capaces de dar respuesta al problema de la migración. Ya que “la sociedad civil ha estado ausente de la formulación de los planes y programas en temas migratorios, a pesar de contar con una valiosa experiencia en este sentido… Capitalizar la experiencia de las organizaciones en general y en particular de la sociedad civil permitiría además, contar con el valor agregado de estas organizaciones, por la confianza que pueden significar para los beneficiarios de los servicios, porque en ellas pueden buscar la representación de su voz, y por la acción complementaria y en algunos casos subsidiaria de la acción del Estado”.[13]

A principios del 2008 se conformó en Colombia la Plataforma Social Migratoria HERMES que agrupa a 17 organizaciones sociales, académicas, religiosas, sindicales, más un núcleo de personas vinculadas al tema migratorio, creando las bases para fomentar el dialogo político- social sobre el hecho migratorio y para liderar desde la sociedad civil iniciativas políticas que contribuyan a garantizar los derechos humanos, y el bienestar de nuestros migrantes y sus familias.

El peso de la sociedad civil debe ser tenido en cuenta si realmente se desea dar una respuesta integral a la problemática de las migraciones. Un ejemplo de la actividad desarrollada ha sido el documento suscrito por más de dos mil organizaciones sociales del mundo, rechazando abiertamente la Directiva del Retorno aprobada por el Parlamento Europeo, durante el Tercer Foro Social de las Migraciones, celebrado en España del 11 al 14 de septiembre de 2007.[14] En el Tercer Foro Social por las Migraciones que se llevó a cabo en la región de Rivas Vaciamadrid (España), los representantes de la sociedad civil expresaron su preocupación por la constante vulneración de derechos a los y las migrantes, especialmente en los países del Norte, además de exigir la voluntad política de todos los gobiernos para mejorar sus condiciones.

[1] Lo expuesto en este artículo es entera responsabilidad del autor, y no de la Fundación ESPERANZA. El usuario fue invitado a escribir en la edición de la Revista Migrante Nº7, por parte del comité editorial
[2] Velandia Mora, Manuel Antonio. Sociólogo, Master en Educación, DEA en Psicopedagogía.
[3] http://alhim.revues.org/index522.html
[4] Codhes –Unicef, Un país que huye. Desplazamiento y violencia en una nación fragmentada, Bogotá, 1999.
[5] Jaime Andrés Erazo et alter, “Diversas causas y costos del desplazamiento: ¿Quién los compensa?” Banco Mundial, Informe 2001, p.12.
[6] “Esta Guerra no es Nuestra”: Niños y desplazamiento forzado en Colombia, Codhes – Unicef, Bogotá, 2000 p.9.
[7] Palacio Betancourt, Diego (2007). Ministerio de Protección Social de Colombia. La política migratoria colombiana. http://www.icpcolombia.org/archivos/publicaciones/diego_palacio_discurso.pdf
[8] Codhes Informa. Boletín de la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento, Bogotá 7 de diciembre, 2000, No. 34, p.3-4.
[9] Asamblea Parlamentaria Europea. Retos de la política social en las sociedades europeas que envejecen. En: http://www.imsersomayores.csic.es/documentos/documentos/consejoeuropa-rec1591-01.pdf
[10] http://www.radio18-12.net/es/story/2008/12/union_europea_politicas_migracion
[11] Caroline Ausserer para Radio 1812. http://www.radio18-12.net/es/audio/2008/12/critica_politicas_migracion_europeas
[12] Velandia Mora, Manuel Antonio (2005). El trabajo en equipo y las políticas públicas: ruta para la garantía de derechos. En: Módulo 5. Parcela 3. La expedición se construye en Equipo. Bogotá: OIM/ Proyecto Fondo Mundial Colombia; Bogotá.
[13] Gómez Diez, Oscar (2008). Del olvido a la inclusión: Elementos para una política pública migratoria desde un enfoque de derechos Humanos. En: Revista Diálogos Migrantes Nº 1. www.revistadelmigrante.org
[14] Declaración del Tercer Foro Mundial de las Migraciones. En: Revista Diálogos Migrantes Nº 1. www.revistadelmigrante.org

El infierno de ser colombiano y homosexual

Manuel Antonio Velandia Mora, de 50 años, acaba de cumplir dos viviendo en San Sebastián. No lo hace por gusto. Este filósofo, sociólogo, sexólogo y político colombiano lo hace exiliado.

Por tinta digital
Txema Santana

Manuel Antonio Velandia, de 50 años, acaba de cumplir dos viviendo en San Sebastián. No lo hace por gusto. Este filósofo, sociólogo, sexólogo y político colombiano lo hace exiliado.

Vive lejos de su país por su condición sexual. El asilo lo pidió por discriminación sexual, por amenazas a su persona y a su familia. Logró escapar a un atentado y pocos días después volaba en un avión hacia Madrid.

Escribe artículos semanales en la revista colombiana de tirada nacional Semana e intenta dejar sus ideas plasmadas, aunque esté el exilio, pero "no es como vivir allí ni molestan lo mismo". Su vida desde 2006 pasó de ser una ajetreada vida pública a todos los niveles y tener a una familia que le rodeaba a convertirse "en dos maletas" y un país ajeno, hermano, pero ajeno.

La odisea de Manuel viene de siempre, pero se acentuó a finales del siglo pasado. Entonces, "en 1998 apoyaba la preparación de un proyecto para la unión de personas del mismo sexo en Colombia". Después de un largo recorrido impulsando esta propuesta en distintos foros, Piedad Córdoba, ahora candidata al Premio Nobel de la Paz, le propuso presentarse con ella en el Partido Liberal. Manuel, valiente, aceptó.

Era la primera vez que se exponía a la votación popular. A pesar de que no consiguió el escaño que buscaba, recabó "muchos apoyos de distintos sectores y la población homosexual se vio representada". Continuó trabajando dentro del partido para que los homosexuales "fueran reconocidos como una minoría política ", una minoría que estaba siendo excluida. Piedad Córdoba, apreciando su buen trabajo, decidió apoyarlo para que se presentase al Consejo de Bogotá.

Al mismo tiempo, y sin dejar de trabajar, Velandia hacía la defensa en el Parlamento colombiano del proyecto para la unión civil de personas del mismo sexo. "En ese momento las amenazas fueron creciendo". Álvaro Uribe, actual presidente del país, "hizo lobby para que se votara en contra". Dijo que "la apoyaría siempre que no se aceptara la adopción". De repente el partido conservador entonó un discurso favorable, exceptuando el término excluido de la adopción. "Sería incongruente que, aunque fuéramos oposición, no aceptáramos lo que proponían, que era un avance", recuerda Velandia que se dijo.

El momento clave
Pero todo iba a cambiar. En aquellos momentos comenzó la investigación a algunos senadores y su relación con el mundo paramilitar. Álvaro Araujo, uno de los senadores de Alas, partido de Uribe, era el encargado de defender el contraproyecto del Gobierno a la propuesta del Partido Liberal. "Era vox populi que Araujo estaba relacionado con los militares", como posteriormente se demostró. Velandia se encontraba en Cali, "dando una conferencia sobre los derechos humanos y de los homosexuales". Entonces, en la ronda de preguntas, alguien cuestionó la defensa de Araujo, cercano a los paramilitares, del proyecto de unión de personas del mismo sexo. Velandia sentenció: "Si una persona que defiende a los asesinos va a defender mis derechos, prefiero que no lo haga y estos se sigan violando cada día". Las declaraciones de Velandia no tardaron en llegar a Bogotá.

Mientras se dirigía en coche hacia el aeropuerto caleño, Piedad Córdoba le llamó por teléfono. "Me están asediando los periodistas preguntándome por tus declaraciones ¿qué dijiste exactamente?". Velandia contestó y Córdoba estuvo de acuerdo. No había problemas, a priori.

Al día siguiente comenzó una vez más su infierno. Se tornó gris su vida en Colombia, su país. Tanto él como su familia comenzaron a recibir continuas amenazas y una y otra vez vino a su recuerdo que unos años antes una granada hizo explosión en su casa. "Que amenazaran a mi familia fue lo que me hizo tomar la decisión". Piedad Córdoba le recomendó que saliera del país, en una de las comunicaciones que recuerda con mayor tristeza.

Después de varios trámites, Velandia consiguió huir. La Universidad del País Vasco le aceptó en un doctorado y dado que la petición de asilo se iba a retrasar en el tiempo, de esta forma, siendo estudiante, iba a lograr poder salir con rapidez. "Ver que tu vida se convierte en dos maletas hace que el daño emocional sea más fuerte". CEAR y la Cruz Roja le dieron apoyo legal al llegar a España. Velandia reconoce que tanto para su familia como para él, es "un infierno" lo que están viviendo.

Otros casos en España
Sobre el cambio de la situación en Colombia hacia los homosexuales, Velandia no es optimista, al menos, "hasta que los paramilitares salgan del Gobierno". Dice que hay "una cuestión contradictoria: cuando más violación hay, más desarrollo teórico hay. La violación de los derechos hace que las personas reflexionen al respecto. La sociedad de Colombia está de acuerdo con un cambio, pero los partidos de la derecha lo frenan".

Velandia no está sólo. Al menos, según conoce él, hay tres casos más en España. El más sonado, el de Jhon Romero, un activista homosexual colombiano que logró escapar a España después de varios atentados. "No sólo llegamos de Colombia, también llegan a España procedentes de otros países de América Latina, del este de Europa y de África". Velandia dice que España es "un paraíso legal, pero la discriminación es un hecho social". Después de dos años de trámite para conseguir su asilo por discriminación sexual, éste parece estar más cerca. Aún no lo tiene en la mano. Velandia dice que "estaría encantado de volver a Colombia", pero a una "Colombia libre", mientras esto no sea así "no tengo la posibilidad de vivir en mi país". Así de duro.

Txema Santana es un periodista canario de la generación del 82. Ha vivido en Bilbao, Granada, Las Palmas de Gran Canaria, San Salvador y, ahora, en Guayaquil, Ecuador. Trabaja como freelance para poder seguir viajando, conociendo y escribiendo historias.

Éxodo rosa

“Limpiaremos este país de maricas”. Bajo esta consigna, los grupos paramilitares colombianos mantienen a los homosexuales en su punto de mira. Tras sufrir atentados y amenazas, una decena de ellos escapó a España en busca de asilo.

Reportaje por: Danilo Albin
30/03/09

A sus 50 años, Manuel Velandia tiene una habilidad especial: sabe convertir una corona fúnebre en un ramo de flores. Lo aprendió cuando vivía en Colombia y se cansaba de recibir amenazas de las milicias ultraderechistas. “Cuando me preguntaban quién me había regalado ese ramo tan bonito, respondía que me lo había enviado un paramilitar que me admiraba”, recuerda. Hoy vive en España, donde se siente seguro. Al menos otros nueve homosexuales perseguidos por estos grupos han aterrizado en nuestro país en los últimos cuatro años, por seguridad. Cuatro de ellos –un gay, dos lesbianas y un transexual– ya han obtenido el estatus de refugiado.

En la lejana Colombia, los paramilitares siguen adelante con el objetivo de aplicar una “limpieza social” a fondo. Empezaron con sindicalistas y defensores de los derechos humanos. Luego incluyeron en su catálogo a gais, lesbianas y transexuales. Según los datos de Colombia Diversa –una ONG que trabaja a favor de las minorías sexuales–, entre 2006 y 2007 fueron asesinados 67 homosexuales. Dos décadas atrás, entre 1986 y 1989, se habían reportado 646 muertes violentas. La mayoría de estos crímenes fueron atribuidos a grupos paramilitares. “Las autoridades miran estos casos con prejuicios, y terminan responsabilizando a la víctima por sus relaciones”, afirma Marcela Sánchez, responsable de Colombia Diversa.

El último asesinato ocurrió el pasado viernes 6 de marzo en Cali, durante la realización de este reportaje. Ese día, el activista gay e integrante del Polo de Rosa –sector homosexual del partido izquierdista Polo Democrático Alternativo– Álvaro Rivera fue hallado atado a la cama, con el cuerpo reventado a golpes y los dientes arrancados. Fue el colofón a las innumerables amenazas telefónicas que había recibido. Desde hacía algunas semanas investigaba los elevados índices de asesinatos de gais y transexuales en su ciudad. “Estamos muy preocupados. El caso de Álvaro es un crimen de odio, y debe ser investigado como tal”, afirma Consuelo Malatesta, una activista lesbiana que militaba junto a la víctima en el Polo de Rosa. En un hito sin precedentes, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos exigió al Gobierno de Colombia que investigue este asesinato.

El refugiado homosexual Manuel Velandia, que por seguridad prefiere que no se revele la ciudad española donde reside, conoció al asesinado hace algunos años y a muchas otras víctimas. “Recuerdo a Samantha, una transexual a la que le pusieron un revólver en la cabeza y le dijeron que no volviera a pisar el barrio. Varias amigas suyas no tuvieron tanta suerte y fueron asesinadas”, destaca. Velandia lleva más de la mitad de su vida inmerso en estos colectivos. En 1976 fundó el Movimiento de Homosexuales, desde donde luchó por la despenalización de esta opción sexual. Fue el primer gay que salió del armario en la televisión y en las elecciones de 2002 se convirtió en el primer candidato homosexual a la Cámara de Diputados, aunque no logró llegar al Congreso.

En la noche del 1 de marzo de 2002, en plena campaña electoral, dos desconocidos arrojaron una granada contra su casa. El artefacto rebotó contra una malla colocada en la ventana y reventó fuera, provocando un cráter en el suelo. Los cristales de la zona quedaron hechos añicos, pero Manuel salió ileso. Tras aquel atentado continuó recibiendo coronas de muertos y sufragios, una especie de libro de condolencias utilizado en los funerales colombianos. Los regalos, que llevaban siempre su nombre grabado, se alternaban con llamadas intimidatorias: “Te vamos a matar, hijo de puta”. “Te vamos a tapar la boca con tierra”. “Pronto serás cadáver”. Son algunos de los mensajes. El Gobierno le asignó escoltas durante tres meses, pero a partir de entonces volvió a quedar desprotegido.

En enero de 2007 obtuvo un visado universitario y logró entrar a España como estudiante. Desde entonces duerme más tranquilo, aunque todavía está a la espera de la respuesta del Gobierno a su solicitud de refugio político. “A Colombia, hasta que las cosas no cambien, no podré volver”, confiesa. Lo mismo piensa John Jairo Romero, la primera persona que obtuvo asilo en España por su condición sexual. Tras haber pertenecido al extinto grupo guerrillero M-19 –hoy convertido en partido político– este colombiano de 44 años se dedicó a denunciar a los paramilitares que fusilaban travestis en las calles de Bogotá.

Su activismo le costó las primeras amenazas. Al igual que Velandia, recibía coronas de flores, esquelas y llamadas telefónicas. Entonces se refugió durante nueve años en Ecuador. En 2001 regresó a la ciudad de Córdoba, su lugar natal. Al poco de llegar fue amenazado por las milicias de Salvatore Mancuso, uno de los paramilitares más famosos del país. “Nuestras familias se conocían desde siempre, pero eso no valió de nada”, recuerda. Le dieron 48 horas para irse.
Romero llegó a España el 29 de diciembre de 2001. A mediados de 2002 pidió asilo político. Se lo otorgaron en 2004, y ahora cuenta con la nacionalidad española. En Colombia, sus familiares tuvieron que abandonar la ciudad por las amenazas. “Me han aconsejado que no vuelva ni de visita. Hay mucho miedo, y el Gobierno colombiano no está haciendo absolutamente nada”, denuncia.

El caso de Romero parece haber sentado precedentes: tras su obtención del estatus de refugiado, otras tres personas perseguidas por los paramilitares debido a su opción sexual consiguieron asilo. Se trata de Niyiret R. y Sandra C. –pareja de lesbianas– y de L., transexual, quienes habían sufrido amenazas y ataques por parte de los grupos armados.

Otros, instalados en el infierno, se niegan a tener que abandonar a su país. En Santander, uno de los barrios más violentos de Medellín, el periodista y militante homosexual Manuel Bermúdez sigue aferrado a la peligrosa idea de vivir en Colombia. En abril de 2002, varios hombres armados fueron a buscarle a su casa. Los milicianos se equivocaron de piso y golpearon la puerta de un vecino, lo que le permitió salvar su vida. “A los pocos días, el enlace en mi barrio de los paramilitares me confirmó que habían sido ellos, y me dijo que dejara de escribir artículos sobre ellos”, explica.

Algunos días antes de que intentaran secuestrarle, varias jóvenes que ejercían la prostitución en Medellín fueron asesinadas. Ahora, el crimen en Cali del activista Álvaro Rivera coincide con la aparición en distintas ciudades de unos panfletos anónimos con amenazas a prostitutas –incluyendo a transexuales–, drogadictos y ladrones. “Ya los tenemos identificados (…). Esta limpieza se necesita”, advierten. La portavoz de Colombia Diversa asegura que sus autores son paramilitares desmovilizados que vuelven a organizarse en las ciudades, haciéndose con el control de los barrios en los que cientos de transexuales ejercen la prostitución.

“Sólo” por repartir condones
Daniel y Marcos, una pareja que ha pedido proteger su identidad bajo estos nombres ficticios, frecuentaban uno de los lugares señalados por los paramilitares: Chapinero, el barrio gay de Bogotá. Acudían por las noches para repartir condones e información sobre el sida. Hace dos años, fueron increpados por un paramilitar. Luego comenzaron a recibir llamadas amenazantes. “Maricas de mierda, cierren el pico y dejen de trabajar con los del sida o les vamos a tener que enseñar a ser hombres”, les advirtieron en reiteradas ocasiones. Tras denunciar su caso ante distintas instancias gubernativas y policiales, Daniel y Marcos buscaron refugio en España. En julio iniciaron los trámites para pedir asilo. Tres meses después, la Oficina de Asilo y Refugio, dependiente del Ministerio del Interior, les respondió que la solicitud había sido rechazada debido a que no reunían el perfil de activistas: a ellos “sólo” les amenazaban por repartir condones. Tras ser asesorados por la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), han apelado esta resolución y están a la espera de una respuesta. A Colombia, aseguran, ni se les ocurre volver.

Fuente: http://www.interviu.es/default.asp?idpublicacio_PK=39&idioma=CAS&idnoticia_PK=56061&idseccio_PK=547&h=

España: paraíso del refugio gay

Manuel Velandia Mora

España, Enero 2008

España se encuentra en el punto de mira de las organizaciones de minorías sexuales (lesbianas, gays, transexuales y bisexuales) en América Latina y el mundo, no sólo por las leyes de matrimonio de parejas del mismo sexo y la adopción (2005) y de Igualdad (2007) en la que género y la orientación sexual están protegidos, sino porque además es el primer país del mundo en proponer un Proyecto de Ley Reguladora del Derecho de Asilo y de la Protección Subsidiaria, en el que se cita expresamente la orientación sexual y la identidad de género como causa de asilo (diciembre 2008).

La Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), por medio de su responsable jurídico Arsenio Cores, ha informado que el número de solicitudes de asilo en España por condición sexual e identidad de género “ha tenido un aumento brutal” desde el 2003 y eso que aun no ha sido aprobado el proyecto citado.

Colombia es el país latinoamericano en el que hay una mayor vulneración de derechos a las minorías sexuales. John Jairo Romero Munevar, activista homosexual colombiano, fue el primero en obtener el estatuto de refugiado en España (junio de 2004); recientemente ha obtenido el estatus de ciudadano español. Después de él vinieron Niyiret Reinosa y su pareja quienes fueron igualmente amenazadas de muerte, siendo las primeras lesbianas colombianas en recibir similar estatus en julio de 2006; Manuel Antonio Velandia Mora -fundador del Movimiento homosexual colombiano- victima de un atentado con granada en contra de su vida y amenazado de muerte en diferentes oportunidades, presentó en febrero de 2007 su caso, que actualmente se halla en estudio.

Tras la difusión por CEAR y las organizaciones LGTB del caso de Romero, se ha incrementado el número de solicitudes de refugio y asilo de personas LGT. La oficina de Madrid de CEAR ha pasado de tener “uno o dos casos” en 2003 a cerca de 30 en 2008, en su mayoría latinoamericanos; hecho que se repite en las diferentes sedes de dicha comisión, siendo menor el numero de casos de personas provenientes de la zona subsahariana donde la homosexualidad es un tema tabú, o de países islámicos, que tienen una condición legal excluyente. Las asociaciones LGTB igualmente han evidenciado esta situación de derechos humanos y sexuales.

Las visitas a diferentes países y organizaciones, hechas por Pedro Zerolo del PSOE, Beatriz Gimeno expresidenta de la FELGTB Federación española de lesbianas, gays, transexuales y bisexuales, y/o por otras liderezas y lideres españoles, ha apoyado el desarrollo de las discusiones sobre los derechos de las minorías sexuales y la implantación de políticas al respecto en America Latina y portugal, pero igualmente ha creado en muchas personas la fantasía de que el refugio y el asilo son fáciles de conseguir en España.

Sin embargo, las cifras dicen lo contrario: no es tan fácil lograr el estatus de asilado. De 6.946 casos resueltos por el Ministerio de Relaciones Exteriores, tan sólo 204 personas (3,1%) obtuvieron el estatuto de refugiado; otras 340 (4,9%) recibieron la protección complementaria a través del artículo 17.2 de la Ley de Asilo, que contempla una autorización de residencia y trabajo. Cabe destacar que no se suelen aclarar los motivos de solicitud de refugio o asilo, pero que igualmente no son muchas las personas GLT cuyos casos han sido aceptados para estudio, lo que explica por qué las cifras de inadmisiones son desconocidas.

Muchos casos no se aceptan porque las personas no pueden probar que realmente han sido victimas de atentados, violencias físicas, emocionales, amenazas de muerte, persecución, desplazamiento forzado, estigma, discriminación u otras formas de violencia homo, lesbo o trasnfóbica; también se rechazan porque las personas no conocen que el caso debe presentarse en el primer país al que la persona arriba a la Comunidad Europea.

Particularmente me he sorprendido de la cantidad de personas que solicitan información al respecto, y en especial porque muchas personas pretenden presentar casos -para justificar quedarse en la Comunidad Europea o en Estados Unidos con el novio de turno o porque en el país en el que se encuentran se les facilita “asumirse” G, L o T- aduciendo que son homosexuales o lesbianas victimas y justificando su historia en los hechos sucedidos a otras personas, aun cuando realmente nunca han sido perseguidos e incluso en su país de origen nunca hicieron el “coming out” de su condición sexual.

Cabe recalcar que la protección internacional se puede obtener por dos vías: el estatuto de refugiado, que se reconoce cuando se cumplen los requisitos de la Convención de Ginebra, y la protección subsidiaria, estatuto de protección cualitativamente inferior que se vinculaba a la apreciación de “razones humanitarias”.

El Proyecto español de Ley de Asilo equipara ambos estatutos en garantías y contenido, y, además, define en términos rigurosos a la protección subsidiaria al concebirla como aquella que se dispensa a quienes, sin reunir los requisitos de la Convención de Ginebra para ser refugiados, tienen motivos fundados para creer que, en caso de regresar a su país de origen, estarían en riesgo de sufrir daños graves como pena de muerte, tortura, tratos inhumanos o degradantes o amenazas en un contexto generalizado de violencia ante un conflicto armado internacional o interno.

En caso de ser aprobada, ésta Ley permitirá reconocer el estatuto de refugiado únicamente a quienes no ofrezcan dudas en su temor fundado de sufrir persecución por los motivos tasados en la Ley, circunscribiendo la protección internacional a sus exclusivos y exactos términos, e impidiendo que el asilo pueda utilizarse de manera fraudulenta por parte de inmigrantes económicos.

COLOMBIA – REPORTE DEL EXAMEN PERIÓDICO UNIVERSAL

Consejo de Derechos Humanos de la ONU.10 de diciembre, 2008 / Ginebra, Suiza
Marina Bernal / Mulabi, Espacio Latinoamericano de Sexualidades y Derechos - Colombia

Resumen:
El 10 de diciembre en Ginebra, Suiza, se llevó a cabo la revisión de la situación de derechos humanos de Colombia en el marco del Examen Periódico Universal (EPU) en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. El estado colombiano reportó un marcado mejoramiento en el Estado de legalidad vigente en el país. Después de esta presentación, durante 3 horas, 43 países intervinieron en el diálogo interactivo para hacer señalamientos, recomendaciones y preguntas sobre las denuncias por numerosas ejecuciones extrajudiciales perpetradas por la fuerza pública, la práctica de desaparición forzada, la situación de extrema vulnerabilidad de los defensores de derechos humanos, de los periodistas y sindicalistas de niñas y niños reclutados en las fuerzas armadas tanto legales como ilegales. Se manifestaron preocupados por la situación de marginación que enfrentan las personas indígenas en el país, así como los grupos afro descendientes, haciendo un llamado a garantizar su seguridad, integridad y el respeto a sus tierras y costumbres.

Respecto a cuestiones de género, mujeres y sexualidad, de 43 países que se manifestaron, casi la mitad expresó su preocupación por la situación de mujeres y niñas, en particular aquellas enfrentadas en el marco del conflicto o como resultado del desplazamiento forzado, haciendo comentarios y en su mayoría recomendaciones sustantivas. También hubo un llamado a la protección de personas con identidad sexuales y de género minoritarias instándoles a mantener el principio de igualdad con respecto orientación sexual e identidad de género y recomendando la implementación de campañas para promover una cultura de no discriminación.

El 10 de diciembre en Ginebra, Suiza, se llevó a cabo la revisión de la situación de derechos humanos de Colombia en el marco del Examen Periódico Universal (EPU). El estado colombiano representado por una delegación encabezada por Francisco Santos Calderón resaltó en su presentación frente a los países, la apertura mostrada por su gobierno y su disposición a someterse a un examen general de derechos humanos de manera voluntaria. Manifestó además que, tomando en cuenta la situación de conflicto vigente en el país, el Estado colombiano ha demostrado apertura para la participación e ingreso de instancias internacionales como la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos y de ONG´s de derechos humanos internacionales.

Reportó un marcado mejoramiento en el Estado de legalidad vigente en el país, la disminución de grupos paramilitares, y desde su punto de vista, un avance sustantivo en el establecimiento de un estado de derecho. Reportó avances legislativos relativos a la justicia penal militar, derechos de las víctimas, trata de personas y leyes en relación a la violencia contra la mujer (violencia intrafamiliar y abuso sexual). También informó del fortalecimiento del sistema de impartición de justicia a través de la creación de nuevos cargos en la Fiscalía de la Nación, y la adopción de la política de la lucha contra la impunidad en casos de violaciones graves de derechos humanos.

Mencionó prácticamente todos los aspectos ya esperados. Al referirse al desplazamiento forzado producto del conflicto no hizo ninguna referencia a las mujeres y las niñas desplazadas y la violencia con base en el género y sexual que enfrentan. Respecto al proceso de desmovilización dijo haber avanzado en relación a los derechos de las víctimas, habló de la Ley de Justicia y Paz y de la Comisión de Reparación y Reconciliación en cuyo marco señaló un manejo preferencial con mujeres, niños y personas con discapacidad. También abundó en la situación de los pueblos indígenas resaltando el marco constitucional que los protege y los avances y retos en este sentido.

Al hablar de la Corte Constitucional de Colombia, fue señalada como una instancia activa en el desarrollo de jurisprudencia y combate a la impunidad, y en este punto, enfatizó el avance que desde este órgano se ha dado en relación a los derechos patrimoniales, acceso al sistema de salud y derechos pensionales para parejas homosexuales.Respecto a los derechos económicos, sociales y culturales habló extensamente del plan nacional de desarrollo que dice haber incorporando la perspectiva de derechos en su elaboración y buscando cumplir con los objetivos del milenio con énfasis en los sectores más pobres implementando las siete herramientas de la equidad como parte de la política social.

En relación a las mujeres, resaltó el programa nacional denominado Mujeres Constructoras de Desarrollo, el Observatorio de Género, así como la emisión de leyes para prevención de la violencia contra las mujeres y el Acuerdo Nacional por la Equidad entre Hombres y Mujeres. Afirmó que el 30% de puestos directivos a nivel ministerial son ocupados por mujeres, mientras que a nivel legislativo ese porcentaje es menor al 15%.Respecto al homicidio de personas fuera de combate realizado por las fuerzas armadas, que luego las reportaron como bajas en batalla, manifestó tratarse de "una vergüenza", solicitando públicamente "perdón a las víctimas". Respecto a esto detalló diversas acciones encaminadas a cambiar esta situación como la creación de diversas figuras de Inspección, nuevas normativas, la expedición de la política nacional del Ministerio de Defensa y el despido y la desvinculación de militares implicados en este tipo de prácticas.

Respecto a los ataques y asesinatos de defensores de derechos humanos manifestó que el gobierno tiene la política de brindar todas las garantías a todos los sectores sociales incluidos los periodistas, partidos políticos, sindicalistas y defensores de derechos humanos y esto se refleja tanto en la legitimidad que actualmente tiene la democracia colombiana a nivel latinoamericano, como en la elevación del número de votaciones en las últimas elecciones regionales.

Deploró la mala relación existente entre el gobierno y las organizaciones de derechos humanos y emitió opiniones descalificatorias acerca de los informes producidos por estas instancias calificándolos de, en ocasiones hacer generalizaciones y negar los avances logrados, así como de suspender la interlocución en todos los espacios de interlocución con cualquier pretexto.Sustentó la voluntad política respecto a este tema, al señalar que 14 párrafos de su informe contienen 67 compromisos los cuales asumieron cumplir "solemnemente" y finalmente señaló que esperan contar con el apoyo de la comunidad internacional en el proceso.

DIALOGO INTERACTIVO

Después de esta presentación, durante 3 horas, 43 países intervinieron en el diálogo interactivo para hacer señalamientos, recomendaciones y preguntas respecto a diversos aspectos de la situación de derechos humanos vigente en el país.Abordaron prácticamente todos los temas esperados, manifestando predominantemente su preocupación sobre las denuncias por numerosas ejecuciones extrajudiciales perpetradas por la fuerza pública, la práctica de desaparición forzada, la situación de extrema vulnerabilidad de los defensores de derechos humanos, de los periodistas y de las y los indígenas y el reclutamiento de niñas y niños en las acciones de inteligencia militar y su inserción en los grupos paramilitares haciendo fuertes recomendaciones de tomar acciones firmes para revertir estas problemáticas. También se hizo un llamado al país a ratificar la Convención contra las Desapariciones Forzadas y el Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura.

Se manifestaron preocupados por la situación de marginación que enfrentan las personas indígenas en el país, así como los grupos afro descendientes, haciendo un llamado a garantizar su seguridad, integridad y el respeto a sus tierras y sus prácticas ancestrales.

INTERVENCIONES RELATIVAS A MUJERES, GÉNERO, SEXUALIDAD Y DIVERSIDAD SEXUAL Y GENÉRICA

Respecto a cuestiones de género, mujeres y sexualidad, de 43 países que se manifestaron, casi la mitad expresó su preocupación por la situación de mujeres y niñas, en particular aquellas enfrentadas en el marco del conflicto o como resultado del desplazamiento forzado, haciendo comentarios y en su mayoría recomendaciones de carácter sustantivo, preguntas y un par de comentarios específicos.

En cuanto a las preguntas, Alemania quiso saber qué medidas concretas implementará el Estado colombiano para el combate a la violencia sexual. Japón, Azerbaiyán y Malasia preguntaron acerca de las medidas para combatir la trata y la explotación sexual de mujeres y niñas, y Suiza sobre las medidas para mejorar la situación de las mujeres y comunidades indígenas y afro colombianas.

Las recomendaciones fueron realizadas por Suecia que habló de la necesidad de desarrollar esfuerzos relativos a combatir la violencia sexual contra mujeres en contextos armados. Argelia instó al gobierno a fortalecer sus esfuerzos para mejorar la situación de las mujeres y los niños haciendo referencia a los párrafos 76, 77 y 71 del Informe Nacional relativos a fortalecer los esfuerzos para mejorar la situación de las mujeres y los niños, destacando las acciones sobre violencia sexual, violencia de género y equidad de género y recomendando fortalecerlas. Austria, por su parte, recomendó poner atención a la violencia sexual contra las niñas y Uruguay hizo referencia a la necesidad de apuntar a la desmovilización de niños y niñas combatientes.

Irlanda destacó las acciones sobre violencia sexual, violencia de género y equidad de género realizadas y recomendó fortalecerlas para aumentar la protección a mujeres desplazadas y víctimas de la violencia. México recomendó velar por la protección a las mujeres y niñas víctimas de desplazamiento forzado o que se encuentran en las zonas de conflicto armado y tomar acciones para protegerlas.

Canadá recomendó desarrollar esfuerzos para proteger a las mujeres, niños e indígenas que son los más afectados por el conflicto armado y el desplazamiento forzado haciendo referencia a la resolución 16/12[1]. Finalmente Rumania instó a tener en cuenta los derechos de las mujeres y a combatir todas las formas de violencia de las que son objeto. La República Checa hizo un llamado a la protección de personas con identidad sexuales y de género minoritarias instándoles a mantener el principio de igualdad con respecto orientación sexual e identidad de género recomendando la implementación de campañas para promover una cultura de no discriminación.

Dos países hicieron comentarios puntuales. Corea sobre la necesidad de reconocer los esfuerzos realizados por Colombia para promover la igualdad de género y la igualdad entre hombres y mujeres, resaltando la importancia de las recomendaciones de la CEDAW en la materia y Sudáfrica sobre la edad en que contraen matrimonio las mujeres.

RESPUESTA DEL GOBIERNO

El gobierno colombiano respondió inicialmente a través de Sandra Castro, Directora de Derechos Humanos de la Fiscalía y Responsable de la Investigación de Crímenes, y luego de Consuelo Méndez de la Comisión de Justicia y Paz, quienes reportaron los alcances logrados desde estas instancias así como desde los centros de atención a la violencia intrafamiliar. En su turno, el ministro de defensa Sergio Jaramillo y el Dr. Carlos Franco, Director del Programa Presidencial de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario se pronunciaron lamentando que los países tomaran como base para sus críticas, informaciones erróneas provistas por las organizaciones sociales. Esto fue un claro llamado al orden dirigido a la sociedad civil por haber brindado información alterna a la provista por el gobierno, que de acuerdo a lo manifestado por el funcionario, no se apega a la situación "real" de derechos humanos vigente en Colombia. El representante colombiano manifestó que van a contestar todas las preguntas y que harán una difusión pública de las respuestas. El documento resultante del examen – en el que constarán las preguntas, las respuestas del gobierno y las recomendaciones formuladas (que Colombia deberá aceptar o rechazar), será sometido a aprobación del Consejo de Derechos Humanos el lunes 15 de diciembre.

Conclusiones:

Sin duda, en un informe de Derechos humanos de un país como Colombia, los temas que predominan en las intervenciones de los países, se orientan a aquellos problemas que se consideran duros: el paramilitarismo, las desapariciones forzadas, el desplazamiento, y la violencia ejercida por el aparato judicial y de justicia. No obstante y contrario a la tradicional forma de percibir estos como temas de carácter neutro, un número significativo de países hizo referencia en concreto a las situaciones que enfrentan las mujeres y las niñas en estos contextos.

Así mismo, se observó un claro interés por que el gobierno brinde respuestas y plantee acciones concretas a las problemáticas aquí enunciadas. Cabe resaltar el que un país recomendó observar la importancia de velar por la igualdad y la no discriminación basadas en la orientación sexual e identidad de género haciendo recomendaciones concretas para lograrlo.Dos aspectos notables por su ausencia, fueron por un lado el discurso utilizado tanto por el gobierno colombiano, como por los países que se expresaron en esta revisión, en torno a la situación de violencia, abuso y desacreditación enfrentada por defensores de derechos humanos. En ningún momento, ninguno de estos actores, hizo referencia a los cientos de mujeres que han sido perseguidas, amenazadas o asesinadas a causa de su trabajo como defensoras de derechos humanos o como activistas de diversos movimientos sociales en Colombia.
[1] La Resolución RES/1612 (2005) del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, versa sobre la situación de los niños y niñas víctimas de los conflictos armados.
http://mulabi-colombia.blogspot.com/

APROBADO EL PROYECTO DE NUEVA LEY DE ASILO Y PROTECCIÓN SUBSIDIARIA en España

Fuente: http://www.intermigra.info/extranjeria/modules.php?name=News&file=article&sid=1954

Viernes, 05 diciembre a las 17:41:34

El Consejo de Ministros del viernes 5 de diciembre de 2008 ha aprobado la remisión a las Cortes Generales del Proyecto de Ley de Asilo y de la protección subsidiaria.

Trasposición de Directivas comunitarias

En primer lugar, el objetivo del Proyecto es trasponer tres Directivas del Consejo, concretamente las siguientes:

Directiva del 29 de abril de 2004 por la que se establecen normas mínimas relativas a los requisitos para el reconocimiento y el estatuto de nacionales de terceros países o apátridas como refugiados o personas que necesitan otro tipo de protección internacional y al contenido de la protección concedida.

Directiva del 1 de diciembre de 2005 sobre normas mínimas para los procedimientos que deben aplicar los Estados Miembros para conceder o retirar la condición de refugiado.

Directiva del 22 de septiembre de 2003 sobre el derecho a la reagrupación familiar, que se traspone parcialmente.

La elaboración de una nueva Ley obedece a dos motivos: por un lado, a la necesidad de incorporar al ordenamiento español algunas normas comunitarias cuya transposición constituye un primer paso del Sistema Europeo Común de Asilo, por otro, a la obligación de adecuar la Ley al desarrollo internacional, que ha evolucionado en el transcurso de los 56 años desde la aprobación de la Convención de Ginebra y a cuyos nuevos retos es preciso dar respuesta a través del Derecho.

La nueva norma regula el núcleo esencial de la protección internacional, la cual da lugar a la obtención de varios derechos consagrados en la Convención de Ginebra que ahora las Directivas comunitarias desarrollan: básicamente, el derecho a la no devolución del refugiado al país de origen donde sufre persecución, a la autorización de residencia y trabajo, y a la expedición de documentos de identidad y de viaje. La protección también da acceso a una serie de prestaciones sociales que el Proyecto se limita a enumerar al corresponder su desarrollo al Ministerio de Trabajo e Inmigración.

Principales novedades

A partir de estas consideraciones preliminares, las principales novedades del texto se pueden sintetizar de la siguiente manera:

1.) Se eleva el estándar de protección internacional al equiparar los dos estatutos en que ésta se traduce: el estatuto de refugiado y la protección subsidiaria.

Hasta hoy, la protección internacional se puede obtener por dos vías: el estatuto de refugiado, que se reconoce cuando se cumplen los requisitos de la Convención de Ginebra, y la protección subsidiaria, estatuto de protección cualitativamente inferior que se vinculaba a la apreciación de “razones humanitarias”. El Proyecto equipara ahora ambos estatutos en garantías y contenido, y, además, define en términos rigurosos a la protección subsidiaria al concebirla como aquella que se dispensa a quienes, sin reunir los requisitos de la Convención de Ginebra para ser refugiados, tienen motivos fundados para creer que, en caso de regresar a su país de origen, estarían en riesgo de sufrir daños graves como pena de muerte, tortura, tratos inhumanos o degradantes o amenazas en un contexto generalizado de violencia ante un conflicto armado internacional o interno.

2.) El Proyecto distingue con claridad los ámbitos del asilo y la extranjería. Así, permitirá reconocer el estatuto de refugiado únicamente a quienes no ofrezcan dudas en su temor fundado de sufrir persecución por los motivos tasados en la Ley, circunscribiendo la protección internacional a sus exclusivos y exactos términos, e impidiendo que el asilo pueda utilizarse de manera fraudulenta por parte de inmigrantes económicos.

3.) Por primera vez se recogen de forma expresa las características de género y de orientación sexual como causas que pueden dar lugar al reconocimiento del estatuto de refugiado por pertenencia a un determinado grupo social.

4.) Se refuerzan las garantías inherentes al procedimiento de obtención de protección internacional.

De este modo, se dedica un Capítulo para regular el papel que el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) ejerce en el procedimiento de asilo, papel históricamente clave que hoy, transcurridos varios años desde la aprobación de la Ley de 26 de marzo de 1984, se ha querido reconocer al regular expresamente su intervención en la tramitación de las solicitudes, así como su condición de miembro en la Comisión Interministerial de Asilo y Refugio, reflejo de la excelente relación de colaboración existente entre este Organismo y las autoridades españolas.

Por otra parte, la norma adapta el derecho a la información que asiste a todo solicitante a las circunstancias específicas que, en su caso, concurran por razón de género, minoría de edad o especial vulnerabilidad. Se procurará adoptar los medios necesarios para ayudar a que la entrevista al solicitante se desarrolle en los términos más favorables para el interesado. Finalmente, se regulan las condiciones de acogida de los solicitantes de asilo, así como la reagrupación familiar para aquellas personas que sean beneficiarias de protección internacional.

5.) Se regula el reasentamiento como reflejo del compromiso solidario del Gobierno de España con otros países, compromiso a través del cual se podrá reasentar, mediante la fijación de un cupo anual y con la intervención del ACNUR, a un número de refugiados establecidos en países limítrofes al de su origen y donde, pese a ser refugiados, no tienen garantizada la no devolución a éste, corriendo peligro.

6.) Se desarrolla y pormenoriza la exclusión, revocación y cese de la protección internacional. Se favorece que el sistema esté dotado de las cautelas necesarias para evitar que el estatuto de refugiado se desvalorice y pueda abusarse de su contenido para cometer delitos graves o actividades atentatorias contra la seguridad del Estado.

Para crecer me ha servido la violencia ejercida por quienes no creen en las libertades civiles.

Por Manuel Velandia
Viernes, 05 diciembre de 2008, España

Aun no me han concedido el asilo en España, mi caso está en trámite hace casi 22 meses, sin embargo mi vida retoma su casi normal cauce.

Estar estudiando, una actividad cotidiana que tanto me gusta, se ha convertido en mi distractor de cada día. Realizo simultáneamente dos doctorados (Psicopedagogía y Enfermería y Cultura de los cuidados, en la Universidad de Alicante); obtuve mi Diploma de Estudios Avanzados (suficiencia investigadora) en un tiempo record (año y cuatro meses) en la Universidad del País Vasco.

Mi tesina fue un “Estudio autoetnográfico que describe la experiencia-comprensión del proceso de transformación personal y social del autor, en el Movimiento Homosexual Colombiano, ubicándola en el contexto de cambio cultural y social de dicho país, con el fin de indicar-inferir cierta estructura que permita actuar educativamente”. Este trabajo investigativo me permitió reencontrarme; analizar cómo ha avanzado mi pensamiento en algunos temas; recoger una buena cantidad de artículos de mi autoria, publicados algunos de ellos desde 1976; ver la trayectoria del Movimiento homosexual colombiano; pero muy especialmente me posibilitó trabajar en la construcción de un instrumento pedagógico y en una herramienta investigativa, la autoetnografía.

La Tesis en psicopedagogía se titula “Educar en sexualidad y sida educar para la vida, estudio etnográfico educativo de algunos programas. Propuesta de buenas prácticas”; es una investigación cuyo marco paradigmático, teórico y metodológico tiene como modelo para el abordaje una perspectiva triádica de investigación: por un lado su epistemología es Sistémica, constructivista o naturista, teniendo como fuente teórica principal a Roger A. Kaufman y su propuesta de “Planificación de sistemas educativos”; por otra parte, su ontología es constitutiva y especialmente, se utiliza como fuente a Echeverría y Maturana en su propuesta del “Lenguaje como generador de mundos”; el tercer elemento a tener en cuenta se relaciona con los Modelos culturales de la salud, especialmente con las propuestas “Enfoque cultural de la prevención y la atención del VIH/Sida” de UNESCO/ONUSIDA, del “Cuidado cultural” de Leninger y del “Cuidado culturalmente competente” de Lipson.

El Método es cualitativo dado que intenta capturar el fenómeno de manera holística, entenderlo, comprenderlo dentro de su contexto o enfatizar la inmersión y comprensión del significado humano adscrito a un grupo de circunstancias o fenómeno. Para la recolección de la información se utilizan entrevistas semi-estructuradas, grupos de discusión y para el análisis de la información la triangulación.

El estudio, tiene como informantes a quienes cumplen la función de educadores en las ONG, ya sean éstas organizaciones creadas en función del Sida y/o las conformadas por población LGTB y que tienes programas preventivos, informativos o educativos frente al Sida y las sexualidades.
El objetivo consiste en comprender el impacto educativo obtenido en los programas preventivos sobre Sida y sexualidad orientados a población homosexual, desde la perspectiva de quienes como yo, cumplen/cumplimos la función de educadores en el área de salud de ONG LGTB –Lesbianas, Gay, Transexuales y Bisexuales- españolas, durante los últimos cinco años, para derivar de las diferentes acciones educativas, informativas y preventivas, consideradas exitosas por sus buenas practicas, una propuesta educativa.

Mi investigación para optar al Diploma de Estudios Avanzados en el doctorado en Enfermería y Cultura de los cuidados, en la Universidad de Alicante UA es un trabajo que me apasiona, sobre “La formación en educación para la sexualidad y la salud sexual y la salud reproductiva de los estudiantes de Enfermería de la UA”. Mi trabajo será un aporte significativo, en lo que al tema de la formación de los enfermeros y las enfermeras se refiere. Tener la oportunidad de encontrarme con los y las estudiantes, conocer sus pensamientos, sus emociones, experiencias; tener el privilegio de responder a sus preguntas íntimas y de ser útil mientras investigo, me emociona y me llena de satisfacción.

Por otra parte, realizo la investigación denominada “Investigación exploratoria para la prevención del VIH/SIDA y la ITS en homosexuales, lesbianas y transexuales femeninas trabajadoras sexuales en Alicante”. Apoyada económicamente por la Concejalía de Acción Social del Excelentísimo Ayuntamiento de Alicante, con fondos de la Convocatoria de Subvenciones a Asociaciones en el ámbito de los Servicios Sociales de Alicante (2008), se lleva a cabo con el apoyo técnico de los/las Profesionales miembros/as del Equipo asistencial del CIPS Centro de Información y Prevención del SIDA de Alicante y de la Doctora Ma Mercedes Rizo, Coordinadora del “Grupo de investigación Salud y Cultura en Grupos vulnerables” de la Universidad de Alicante, del que hago parte.

He trabajado con dos proyectos como Técnico del programa de prevención de VIH/sida de Ministerio de Sanidad, un proyecto conducido por la FELTB Federación Española de Lesbianas, Gay, Transexuales y Bisexuales; primero trabajé con hombres trabajadores sexuales, posteriormente con transexuales y transvestis que realizan la misma actividad laboral. Un acercamiento a una situación real de pobreza en la que los y las inmigrantes son la mayoría de quienes ejercen dicho trabajo; una acción humana en la que el toque emocional y el vinculo afectivo son la base del acercamiento y del servicio y con la que se pretende mejorar además las condiciones de bienestar y calidad de vida de estas personas. Como siempre, en este tipo de trabajos es mucho más lo que se aprende y se crece que lo que se puede aportar, sin embargo la posibilidad de ser útil y al mismo tiempo obtener unas entradas económicas que me permiten sobrevivir y laborar en un campo que me apasiona, ha sido una gran ganancia.

En este tiempo que llevo en España he crecido como ser humano, me he vuelto más sensible a temas como la inmigración, la multiculturalidad, el trabajo sexual; temas que no me eran ajenos. pero que en mi propia condición de refugiado me impactan de manera diferente a como antes lo habían hecho. He reafirmado la importancia del lenguaje en la generación de mundos, de las emociones como motores de la acción humana y del trabajo cultural como un factor determinante en la transformación de las personas, de sus percepciones y vivencias de la salud, y de la vivencia del cuerpo, las relaciones sociales y la vida laboral, más aún cuando esta es de carácter sexual.

Creo que la búsqueda del asilo más que una ruptura con mi vida ha sido la oportunidad de aprender y de servir, de crecer y llenarme de argumentos sobre la importancia que tiene el seguir siendo y luchando por los temas que hace años me motivan aseguir viviendo. Me maravilla continuar mi vida en otras latitudes sin perder el vinculo con los amigos, la familia, las organización LGTB y de Derechos Humanos, porque siento que no lograron “taparme la boca con tierra” tal como me dijeron muchas veces al amenazarme de muerte, sino que mas bien he ganado en libertad y en argumentos para poder seguir gritando que no podrán callarnos y que la lucha como defensor de los derechos humanos, no sólo no se ha estancado, sino que muy especialmente se ha fortalecido.

Hoy es un día especial, y lo es porque en España, el Consejo de Ministros ha aprobado el proyecto de la nueva Ley de Asilo y de la protección subsidiaria que será remitido a las Cortes Generales, documento en el que la orientación sexual y el género serán causas para lograr el estatus de refugiado.