lunes, 28 de julio de 2008

Participación LGBT en la construcción de la Política pública

Manuel velandia Mora
España


No te puedes permitir callar, mucho menos dejar de actuar

Haber tenido que salir del país a causa de la violencia sexual y política es una razón suficiente para no permitirse callar.

Es necesario participar activamente si queremos crear los espacios que hagan posible la convivencia solidaria y democrática para todas las personas sin distingo de su identidad de seso, género, orientación sexual o de sus expresiones comportamentales sexuales. Sólo puede hablarse de una verdadera democracia representativa y participativa, allí donde la composición formal y material del sistema guarda una correspondencia adecuada con las diversas fuerzas que conforman la sociedad, y les permite, a todas ellas, participar en la adopción de las decisiones que les conciernan.

La relación inescindible que se establece entre el pluralismo y la participación en una democracia constitucional como la colombiana, trae como consecuencia inmediata la necesidad de que el sistema representativo refleje al máximo, en su conformación, las distintas alternativas políticas que plantea la sociedad.

Por muchos años la población de gay, lesbianas, bisexuales y transgeneristas LGBT ha sido estigmatizada, vulnerada, excluida socialmente; en la mayoría de los casos quienes han sido victimas de las diferentes formas de crímenes de odio no han alzado sus voces en defensa de sus derechos pero tampoco el Estado ha hecho lo posible para restituirlos.

En Colombia, en ciudades como Medellín, Bogotá y Pasto se han dado algunos desarrollos al respecto; tal vez porque en esas mismas ciudades el movimiento LGBT se ha organizado social y políticamente y ha establecido relaciones con sus dirigentes. Pero las acciones fruto de procesos de lealtad y no del desarrollo de políticas públicas tienen el grave problema de que una vez el político de turno cambia, desaparecen.

Para que la restitución de los derechos y el avance en la construcción de pautas clave posibilite la convivencia solidaria y democrática de todos los habitantes de una ciudad se requiere del fortalecimiento del trabajo coordinado, complementario y sinérgico, entre el sector LGBT y los diferentes equipos intersectoriales de la ciudad interesados en el desarrollo y aplicación de políticas públicas orientadas a la población LGBT.

Cuando no existe el interés por el desarrollo e implementación de una política publica[1] la población vulnerable, en este caso el sector LGBT, debe convertirse en grupo de presión social, política y cultural de tal forma que los lideres políticos, sociales y económicos comprendan que entre el 7 y el 10% de la población de las ciudades es homosexual o lésbica y un 3 a 6% pertenecen a otras minorías sexuales, y que no pueden dejar de lado a entre el 10 y el 16% de los posibles electores, sus opiniones y derechos.

La realización de los derechos, ya sea porque existe el riego de que estos se vulneren o porque ya han sido vulnerados, implica llevar a cabo acciones institucionales y poner en marcha mecanismos de protección que hagan posible la eficacia material de dichos derechos; es decir, su cumplimento efectivo y no sólo respuestas simbólicas que “ofrecen alternativas” que nunca se llevan a la práctica porque no hacen parte de una política pública.

Se entiende que la política pública es la resultante del proceso que articula la participación y el diálogo de todos los actores involucrados con respecto al tema que la convoca; éste se considera prioritario por ser un problema entendido como socialmente relevante, luego de un análisis claro y realista sobre lo que existe y lo que al respecto es apropiado, en cuanto a la satisfacción de necesidades de la comunidad directa e indirectamente afectada.

Las políticas públicas se diseñan y construyen desde y con las personas, en un territorio determinado y con las posibilidades de dar una respuesta a un problema específico. Dicha respuesta puede o no ser definitiva, pero posibilita la revisión o el diseño e implantación de acciones conjuntas con otras entidades públicas y privadas que cooperan en la búsqueda de alternativas. Toda política pública debe formularse cuando haga falta, y en su diseño debe contemplarse no sólo cómo debe ser ejecutada, sino también cómo evaluarla permanentemente de tal manera que pueda ajustarse cuando sea necesario.

La política pública igualmente puede apoyar la redirección de la legislación existente cuando ésta no es suficiente o apropiada. Las condiciones en las que se desarrolla una política pública deben estar dadas de acuerdo con las necesidades propias y particulares de cada población, en este caso hablamos de las necesidades de los/las/les LGBT; La política publica debe trazarse desde un enfoque diferencial y de equidad que tenga en cuenta los géneros, las edades, las orientaciones sexuales, los territorios sociales como también la realización de los derechos humanos y los derechos sexuales, generando las condiciones básicas para la realización de los derechos como fundamento de cualquier tipo de acción afirmativa.

El fin del restablecimiento es intentar compensar las inequidades producto de la falla estatal en el deber de protección; en consecuencia, las acciones de este orden abarcan todo el ciclo de la política pública: diseño, desarrollo, implementación, seguimiento y evaluación. El seguimiento y evaluación de una política pública de derechos para la población LGBT, abarca una serie de tareas y compromisos adelantados por agentes de política pública que tienen oportunidades y espacios limitados de acción personal e institucional. Pero no sólo ellos deben ser los interesados u obligados a llevar a cabo las estrategias de información, prevención, apoyo, educación e investigación de las causas estructurales y de la atención integral a esta población, pues esta tarea requiere del concurso y la legitimación de los/las/les diversos/as agentes sociales afectados/as.

Una comunidad de política pública o una comunidad que hace alianzas para la realización de derechos, está conformada, según Duran Patrice[2] por las personas pertenecientes a diferentes posiciones –responsables de entidades gubernamentales, representantes políticos, responsables de gremios, investigadores –y en especial los/las/les beneficiarios/as de las políticas, que comparten un sistema similar de creencias –serie de valores, fundamentos, supuestos, y percepciones de un problema específico- y que demuestran un cierto grado de coordinación de sus actividades en el tiempo.

El diseño, implementación, seguimiento y evaluación de una política pública parte del principio y derecho a la participación. La participación no consiste exclusivamente en permitir que otros y otras hagan, sino en especial en que se creen los mecanismos para alcanzarla y se logre de manera activa que las personas en la comunidad y en los demás sectores involucrados lo hagan y en consecuencia puedan apoyar la decisión sobre qué, quiénes, para quiénes, cuándo, dónde, cómo, por qué, para qué, con qué recursos, metodologías, herramientas e instrumentos se hace, además sobre las estrategias de seguimiento, evaluación y redirección y la producción de los informes correspondientes.

La política pública es la emergencia de la interrelación, interafectación e interdependencia de las políticas institucionales, particulares y comunitarias o sociales. Las personas encargadas de la política institucional tienen como una de sus funciones sensibilizar y dar a conocer, tanto a las personas como a las comunidades y los funcionarios, las oportunidades que se les presentan a partir de las diversas normas existentes, las obligaciones y competencias institucionales específicas, haciendo para ello uso de su propia capacidad y obligación de servicio.

Las personas directamente afectadas por las vulneraciones (miembros del sector LGBT), deben empoderarse en su condición de personas vulnerables y actuar en consecuencia a dicha condición, pero además, deben motivar a las instituciones, los funcionarios y la comunidad –barrial, académica, de derechos– para que igualmente actúen. Pero dicha actuación requiere que quienes ostentan el poder reconozcan que la población LGBT es una minoría y que esta misma población se reconozca como tal.

El concepto de “minoría”, tradicionalmente, hace referencia a los grupos de población que tienen unas características propias de orden étnico, económico, político social y cultural, y que por estás mismas características, comúnmente, son excluidos y no forman parte del círculo de poder en las sociedades, de ello se desprende que los/as/es LGBT seamos una minoría.

Es importante que las minorías sexuales entiendan que es necesario participar, exigir que podamos hacerlo y ganar espacios en todos los ámbitos, de tal forma que nuestras necesidades sean escuchadas por muchos interlocutores y así logremos ser respetados en nuestra esencia y derechos. Muchos/as entre nosotros/as/es no asumen su derecho a participar, lo hacen a causa de la homofobia y la discriminación que de ella se desprende, ello se debe en parte a que los/las/les homofóbicos/as (internalizados o sociales) al comunicarse con los/as otros/as lo hacen desde la negación al reconocimiento de la autonomía y la diferencia como derechos constitucionales de todos los sujetos.

La auto exclusión y el auto rechazo son casi el resultado natural de la marginación, pero también una actitud que impide de alguna manera que esta población se movilice y exija de atención a sus propias necesidades y que de igual modo impide su participación en los proyectos de construcción social por su condición de minoría siendo en la práctica una inmensa mayoría; dicha autoexclusión también genera la no aceptación publica de la población LGBT por parte de quienes que igualmente siéndolo, han llegado al poder.

Los grupos marginados no elegimos serlo sino que se nos ha caracterizado como tales justamente por la homofobia de quienes sustentan el poder y definen el “deber ser” de los comportamientos sociales, pero pareciera ser que por los mismas denominadores comunes de la violencia de la que somos sujetos/as/es olvidemos que superamos en número a muchos grupos y sectores dominantes de nuestra sociedad y que votemos por aquellos en quienes nuestras aspiraciones e intereses no encuentran representatividad, ni canales de expresión que posibiliten modificar nuestra condición de “grupo marginal”.

Como tal sufrimos la exclusión social, económica, educativa, en salud y política, y en consecuencia se nos hace difícil la creación de procesos de convivencia social democrática y el ejercicio de las libertades públicas y privadas, ya que la violación a nuestros derechos desvirtúa los principios fundamentales de la democracia: la solidaridad, la fraternidad, la tolerancia y el respeto por la diferencia.

De ahí que sea importante la lucha del sector de lesbianas, gay, bisexuales y transgeneristas por ser reconocidos/as como minoría sexual y un sector político realmente importante, pero nos enfrentamos a un grave problema muchos/as no sólo no tienen identidad sexual positiva como L, G, B o T, sino que tampoco se asumen ciudadanos, ni como sujetos de derechos, condiciones necesarias para hacerse sujetos políticos y como tales participar activamente y a través del voto en las contiendas electorales.

Para acompañarnos y acompañar se requiere la construcción de y como sujetos políticos y para ello se hace necesario asumirse como un ser actuante e interesado en trasformar la realidad social, cultural, económica y política, como mínimo de la ciudad en que se vive. No se trata de ser diferentes o de buscar prerrogativas positivas exclusivamente para nosotros sino que al estar en un cargo público hagamos evidente que nuestra participación experimenta la convivencia solidaria y democrática, logrando que todos/as sean/seamos tratados/as como actores válidos en todos los espacios de co-construcción social.

El evidente que el reconocimiento de la pluridiversidad es difícil pero lograrlo es también un aliciente para salir de ese universo de exclusiones ideológicas, políticas y religiosas. Los/as/es LGBT no podemos ni queremos construir el mundo solos/as ni exclusivamente para nosotros/as/es pues entendemos que toda/o ciudadano/a, sin distingo de su orientación sexual, credo, etnia, ideología u orientación política tiene el derecho a que toda política publica le cobije, y en consecuencia nuestra acción política se debe orientar a la satisfacción de los derechos de todos los/as ciudadanas/os, aportando desde nuestra condición y convicción para que los excluidos y las excluidas puedan gozar de todas las oportunidades, servicios y beneficios a los cuales tienen derecho en un Estado social como es el nuestro.

La consolidación de redes será fundamental para el logro de los objetivos superiores de la comunidad LGBT, y para que los avances hasta ahora obtenidos puedan ser retomados y aprovechados en el beneficio de toda la sociedad. Las demás personas en la comunidad deben comprender que cualquier afectación de una de las personas que la integran, afecta en su conjunto a toda la comunidad; asumiendo como tarea acompañar a las personas vulnerables en la realización de los Derechos Humanos y a las entidades en la facilitación para el restablecimiento de los mismos.

Para conformar un grupo de interés se hace necesaria la identificación o construcción de las ideas básicas, nociones y categorías que permitan identificar el o los problemas que se desea(n) resolver[3], es decir, se deben reconocer nociones, valores, creencias, imaginarios e intereses comunes a los integrantes de la comunidad de política o grupo de interés, respecto de la comprensión de las causas, los efectos y las posibles soluciones al problema en cuestión. Solemos negar que cada ser explica, vive y se emociona frente al mundo y las personas de una manera única y particular y por ello se nos dificulta validar las ideas, sentimientos y prácticas de las/es/os demás; razón por la que en cuestiones de ideologías, credos religiosos y orientaciones políticas la tendencia de los seres humanos es a que cada uno valide su propia política, credo e ideología no sólo como el criterio más valido sino como la única posible posibilidad.

Se debe construir un lenguaje común y entendible por todos/as/es, con el cual comunicarse al interior de la comunidad de política pública o grupo de interés. Así mismo, se debe adecuar el lenguaje propio de la comunidad de política a los lenguajes expertos, utilizados en los espacios de poder y de toma de decisiones relacionados con el diseño, ejecución, ajuste y evaluación de las políticas.

También es muy importante elevar el nivel de la discusión social entre posiciones antagónicas e intereses contradictorios, a través de la negociación y concertación de los que sean divergentes y el afianzamiento de metas, valores, creencias y objetivos comunes; lo anterior con el fin de establecer estrategias de trabajo colectivo de corto, mediano y largo plazo. Así, esta negociación y concertación implica la construcción de mecanismos y procedimientos para dirimir conflictos de intereses al interior del grupo y al establecer bases de negociación con otros grupos, con espacios de decisión de política o estructuras de poder gubernamental o estatal. Se requiere la ampliación de la base social de reflexión, conocimiento y participación social en los debates sociales, jurídicos, políticos, económicos y culturales que configuran la problemática y la política pública. Esto implica activar mecanismos de evaluación pluralista, sistemática y reflexiva de dicha política, en especial en las redes y organizaciones LGBT y en las instituciones oficiales.

Es fundamental además, la inclusión de derechos, valores, creencias, intereses y lenguajes del grupo de interés en la agenda[4] estatal y social relevante para la formulación, ejecución, ajuste y evaluación de la política pública.

Notas al margen
[1] Con relación al tema de política publica se recomienda leer: Suárez Molano, Harvey Darío. (2004). Cartilla para la capacitación de funcionarios del Ministerio Público y Comités Departamentales de Atención a la población Desplazada. Defensoría del Pueblo/ ANNUR/ EuropeAid, Oficina de Cooperación. Bogotá.
[2] Duran, Patrice, “Le savant et la politique: pour une approche raisonnée de l’analyse des politiques”, en L´Année Sociologique, 40, puf, págs 227 - 259. Obra citada por el autor.
[3] Los ítems presentados se convierten a su vez en criterios de identificación del proceso de conformación de la comunidad de política pública con miras a obtener indicadores de logro y de proceso.
[4] Roth Deubel, André-Noel, Manual de exigibilidad "Políticas públicas, formulación, implementación y evaluación, Ediciones Aurora, Bogotá, 2002.