Crónica de cómo se restituyen mis derechos como persona víctima homosexual en el conflicto armado de Colombia
España, Julio de 2014
Tuve muchas dudas antes de dar el primer paso. No tenía claro si tenía o no sentido denunciar y constituirme en víctima de la violencia sexual en mí país por las razones que explica Sara Feldman.
“Debido a una cultura de la impunidad de
larga duración en Colombia y a la falta de fe en el sistema judicial, los
crímenes de violencia sexual raras veces son denunciados, en especial si los
perpetradores fueron grupos armados”, señala la defensora del Programa de Violencia
Sexual del Centro de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la
Universidad de California.
Mi recorrido de la vida me impulsó a hacer
valer mis derechos como víctima y sentar un precedente en el caso de
vulneración de derechos de las minorías sexuales al interior del conflicto
armado. Consulté al abogado y líder de la comunidad homosexual Mauricio
Albarracín quien me manifestó que era necesario hacer la denuncia.
Entre el momento en que se promulgó la Ley
y la producción de los decretos que la reglamentaron pasaron algunos meses,
luego de lo cual me desplacé al consulado colombiano más cercano de mi
residencia en España para rendir declaración. No fui el primero en poner en conocimiento
mi caso en el consulado, días antes lo había
hecho otra persona.
El 27 de febrero de 2013 presenté declaración
ante el Consulado de Colombia en Valencia, la cual fue recibida en la Unidad
Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las víctimas
en Bogotá el 6 de marzo de 2013.
El mismo día que rendí mí declaración convencí
a otro colombiano que denunciara su caso. También es homosexual, víctima del
conflicto armado y asilado en España. John Jairo Romero presentó su denuncia pocos
días después.
En mi declaración señalé que el 28 de
febrero de 2002 sufrí un atentado con una granada en mi residencia en Bogotá
D.C. La hostigación y amenazas de muerte nunca pararon. El 9 de noviembre de
2006 fueron las últimas contra mí y mi familia, presuntamente, por parte de
grupos armados ilegales. Esta situación
me obligó el 16 de enero de 2007, a desplazarme forzosamente del país tomando
como destino a España.
La denuncia sobre mi caso fue soportada por
los mismos documentos que presenté cuando solicité asilo en España y los cuáles
fueron avalados por la Unidad Administrativa Especial para la Atención y
Reparación Integral a las víctimas según lo dispuesto en el Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
Dicha información – dice la Resolución – “se
considera como pruebas sumadas para establecer la presencia y accionar
delictivo de grupos armados ilegales en esta zona con ocasión del conflicto
armado interne”.
Solo transcurrieron 6 meses para que el
estado colombiano, amparado por la Ley, amparara mis derechos como víctima.
Aunque el 11 de agosto de 2013 mediante la Resolución Nº 2013-239938 se me
notifica de esta decisión, solo me enteré de la misma el 15 de julio de 2014,
11 meses después.
“(…)
A la luz del principio de buena fe se concluyó que los hechos victimizantes de
Atentado, Amenaza y Desplazamiento Forzado declarados por el deponente se
enmarcan dentro del artículo 3 de la Ley 1448 de 2011 por lo que se resolvió INCLUIR
al señor MANUEL ANTONIO VELANDIA MORA identificado con cédula de ciudadanía (…)
en el Registro Único de Victimas y RECONOCER los hechos victimizantes de atentado,
amenaza y desplazamiento forzado, por las razones señaladas en la parte motiva
de la presente resolución. (…) ANEXAR la ruta establecida para que las víctimas
accedan al conjunto de medidas adoptadas en su beneficio, que posibilitarán
hacer efectivo el goce de sus derechos a la verdad, la justicia y la reparación
integral con garantía de no repetición, las cuales contribuirán a dignificar su
condición a través de la materialización de sus derechos constitucionales.”
La decisión del Estado colombiano indica
igualmente que (…) “Partiendo de la narración de los hechos, al verificar el
contexto de la zona a través de los reportes publicados en la página web de
Notiese.org, con relación a la situación vivida por el declarante y se pudo se
constatar que: "La Subdirección General de Asilo y Refugio, de la
Dirección General de Política Interior de España otorgó al activista
colombiano, Manuel Antonio Velandia Mora, la calidad de refugiado y con derecho
de asilo el pasado 8 de abril, luego de haber sufrido un atentado contra su
vida y recibir múltiples amenazas contra él y su familia. (...) Velandia quien
actualmente labora en Decide-T Asociación de Lesbianas, Gay Bisexuales y
Transexuales, de Alicante, trabaja como defensor de derechos Humanos de las
personas no heterosexuales y es apoyado por importantes asociaciones
colombianas como El Programa No Gubernamental de Protección a Defensores y
Líderes Sociales en Colombia cuyos voceros fueron José Luís Campo Rodicio,
Gloria Inés Flórez Scheneider, Ludivia Giraldo, y Javier Peña quienes le reiteraron
su inmediata salida de Colombia. (...)
“El colombiano afirmó que la homofobia no
sólo es cultural sino que adamas está interiorizada y reforzada en la escuela,
la familia y la sociedad. Agregó que en Colombia la Iglesia católica, los
partidos de la derecha y los grupos paramilitares han hecho de la homofobia su
bandera y una razón para estigmatizar, excluir, separar socialmente, obligar al
desplazamiento forzado, amenazar de muerte, asesinar y cometer otros crímenes
de odio contra la población lésbico, gay, bisexual, transgénero (LGBT)”.
Por su parte – señala la resolución – la Coordinadora LGBT de Planeta Pez, Ivonne
Wilches aseveró que Velandia "representa un baluarte del movimiento social
y político del colectivo LGBT, por esta razón que ha sido amenazado y tuvo que
emigrar para salvar la vida luego de haber sufrido un alentado'. Colombia fue
catalogada según el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados
como uno de los principales países de origen de refugiados durante 2008".
Aunque el fallo señala que por Ley (Artículos
68 y 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, Ley 1437 de 2011) me tenían que notificar de esta decisión dentro
de los diez (10) días siguientes a la notificación de la decisión, esto solo
ocurre 11 meses después.
Aun no sé a qué tengo derecho, no es lo más
importante, pero mi caso es un precedente jurídico que muestra que si hay
derechos y que nos son reconocidos, quizá esto motive a algunas de las victimas
LGTB a hacer valer sus propios derechos. Muy seguramente este sea el primer
caso, pero confío en que vendrán otros fallos
positivos y no nos hagan seguir sintiendo ciudadanos de segunda clase.
Much*s ya han denunciado
Según informa El Tiempo,
en la Unidad de Víctimas hasta inicios de enero de 2014 reposaban las
declaraciones de 518 personas que han sido incluidas en el registro y con
quienes se inició un proceso de reparación.
Antioquia es el departamento en donde más gay,
lesbianas y transexuales han sido martirizados. Según los informes de la
Unidad, en este departamento se encuentran el 20 por ciento de víctimas LGBTI
reconocidas. Tan sólo en el Urabá Antioqueño, en donde se expandió el
paramilitarismo, hay 25 casos. “En este departamento hemos notado que todavía
hay una cultura machista fortalecida, en donde la heterosexualidad no reconoce
otras opciones. Cuando el homosexual se hace evidente, confronta los
estereotipos tradicionales, entonces llegan las amenazas, las violaciones”,
asegura María Eugenia Morales, directora de género de la Unidad de Víctimas.
A Antioquia le sigue Bogotá, en donde se
han registrado el 13,5 por ciento, Nariño, con el 4,3 por ciento, Bolívar, con
4,06 por ciento, y Chocó con el 3,58 por ciento.
La mayoría de personas sexualmente diversas
afectadas son jóvenes entre los 18 y 28 años (46,7 por ciento); el 36,1 por
cientos son personas adultas entre los 29 y los 60, y el 11,2 por ciento tienen
12 y 17 años. El 6 % son mayores de 60 años que viven en condiciones de
pobreza.
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