España, Octubre 26 de 2013
Expreso mis comentarios a un post enviado por su autor Fernado Serrano, vía correo electrónico a la RCALGBTI, usando como medio su grupo Yahoo, escrito al que denominó
“Ideas luego de un Evento sobre conflicto armado, reparación y sectores
"LGBTI", texto que a continuación transcribo para posteriormente dar a conocer mis apreciaciones.
Hola:
Quiero compartir algunas reflexiones de
interés para esta lista, resultado de mi participación ayer en el evento
“Conflicto armado y reparación integral: como garantizo mis derechos”, en
Bogotá, convocado por la Alta Consejería para los Derechos de las Víctimas, la
Paz y la Reconciliación y la Dirección de Diversidad Sexual de la Alcaldía de
Bogotá.
El evento hace parte de las paradojas
propias al contexto legal y político colombiano. Por una parte, tenemos al
Procurador que usa instrumentos constitucionales contra el matrimonio
igualitario y por otra una ley, como la Ley de Victimas, que reconoce a las
parejas del mismo sexo como sujetos de reparación. Mientras la guerra
permanece, se recrudece y transforma en ciertas zonas del país, tenemos a la
vez unos actores armados, haciendo unos acuerdos de paz de los cuales está
excluida la mayor parte de la población. En su implementación, la Ley de
Victimas ha incluido a los “sectores LGBTI” como parte de su enfoque
diferencial, lo cual es un hecho excepcional en el desarrollo de mecanismos de
justicia transicional, reconciliación y construcción de paz.
Por lo que entendí, Bogotá viene impulsando
acciones no solo en términos de reparación individual sino también en
reparación colectiva, como señala en la Ley. Otra vez, excepcional que se
convoque a los “sectores LGBTI” a esto,
más teniendo en cuenta que con las nuevas solicitudes de la Corte
Constitucional para incluir a las víctimas de las BACRIM en Ley de Victimas, se
amplía el espacio de la violencia del conflicto armado a la violencia
sociopolítica. Esto es una oportunidad única para que se discuta de manera más
precisa las violencias que han venido afectando a las personas y organizaciones
de los llamados sectores LGBT.
Sin embargo, el evento me deja algunas
dudas que quiero compartir, mas sabiendo que iniciativas similares o
relacionadas se están llevando a cabo o se realizarán en otras partes del país.
1. Este tipo de eventos parten de una
lógica que problemática, que usa con frecuencia: las entidades exponen sus
“ofertas de servicios” y se supone, o queda implícito, que con ello, las
personas (ciudadanía, victimas, organizaciones) usarán tal oferta para reclamar
sus derechos. No tengo que extenderme para señalar los problemas que esta
lógica tiene, más en sectores sociales con una larga tradición de desconfianza
ante el Estado por su propia acción contra ellos, junto a temas de vergüenza,
estigma, riesgo de doble victimización, etc.
2. A la vez, se parte o queda implícito, que
las personas o sus organizaciones, han
de tener un relato que empate con lo que ofrece: narrarse como “victima” en la
lógica institucional. Si bien se puede dar, y de hecho ya hay casos de personas
de los “sectores LGBTI” que han iniciado su proceso de reparación individual,
sabemos que muchas otras personas están fuera del alcance de estos mecanismos y
ofertas. Qué pasa con quienes han sido victimizadas por las violencias del
conflicto y sociopolíticas pero no se ven como “victimas”? Más aun, que pasa con
quienes han expresado durante años las violencias que han sufrido y el Estado
ha permanecido silencioso al respecto? Dado que los oídos del Estado están
ahora en la frecuencia “víctimas del conflicto” va el Estado a escuchar estas
voces que desde hace tiempo vienen gritando en sus propias palabras las
violencias que sufren?
3. El que en este caso se quiera avanzar
hacia una posible reparación colectiva de las violencias vividas contra
sectores LGBTI es un hecho de importancia histórica. Sin embargo, cómo se va a
definir ese o esos sujetos colectivos a reparar así como los daños que han
sufrido es algo que esta aun empezándose a considerar y que merece discusiones
y reflexiones cuidadosas, basadas en evidencia y sustentadas en procesos que
vayan más allá de una primera impresión o reclamación.
4. Si el Estado, bien a nivel nacional o
regional, y bien en términos de reparación individual o colectiva a personas o
sectores “LGBTI” quiere hacer algo al respecto, considero, que una acción
fundamental es dar respuesta a la larga lista de denuncias, informes, demandas,
y demás mecanismos que las personas y organizaciones de los sectores LGBT han
hecho para dar cuenta de las violencias que han vivido. Existe información,
desde, al menos, los primeros años de los noventa que el Estado ha ignorado
conscientemente. El Estado Colombiano tiene que dar una respuesta tanto a los
casos individuales como colectivos de “daño” contra estos sectores sociales,
para así saber qué es lo que va a “reparar”. Y si como sucede con frecuencia,
dice el Estado “no tener información” o “no conocer de casos”, lo cual no es
cierto, puede entonces tiene que investigar para construirlos. Dicha acción no
puede dejarse a la responsabilidad de las personas y organizaciones para
“denunciar”, pues como los desarrollos legales muestran, el Estado ya reconoce
que tales situaciones de violencia existen.
5. Puede suceder que dar esas respuestas
sea en sí mismo, parte del proceso de reparación. Estoy de acuerdo. Como hemos
visto ya en experiencias regionales de formulación de políticas públicas LGBT,
ha sido necesaria la creación de los marcos de política para poder hacer líneas
base y demás elementos que permiten saber cómo se avanza en dar respuesta a un
hecho. En este caso, el orden lineal que suponen los modelos de planeación
importa menos que los resultados que van produciendo acciones paralelas y, eso
sí, coordinadas.
6. En cualquier caso, las respuestas tienen
que ser oficiales. No podemos seguir dependiendo de los esfuerzos personales y
organizativos para documentar, construir informes y conocimientos.
“Participación” no es hacerle la tarea al Estado, como hasta hace poco hemos
venido haciendo.
7. Obviamente, la producción de tales
respuestas oficiales va a ser motivo de conflicto y tensión. Habrá reacciones,
insatisfacciones, lecturas divergentes, temas que queden fuera. Pero mientras
no las haya, no es posible saber qué es lo que se va reparar ni habrá un punto
de partida para avanzar o distanciarse.
Luego, vendrá el “cómo”, y eso será otro
momento y traerá sus propios conflictos. Ningún proceso de reparación ha sido
satisfactorio. La magnitud de los daños causados por las violencias no lo permite.
Sin embargo, si de lo que se trata es de “reconciliación” pues la reparación es
fundamental.
Gracias a las entidades y personas que han
facilitado la creación de estos espacios. Mis mejores deseos en la tarea que
han emprendido.
Fernando Serrano
Mi respuesta a dicha reflexión es la siguiente:
Como víctima del Conflicto armado que ha
denunciado su caso y ha iniciado su proceso de reparación individual, proceso
que además tiene reconocimiento internacional porque al concederme el asilo
España reconoce que en Colombia hay dicha vulneración y continúa el riesgo, me
queda perfectamente claro lo que dice Fernando Serrano y estoy perfectamente en
acuerdo con ello.
Lo que te hace víctima no es reconocerte
como tal sino haber sido sujeto objeto de un crimen de odio propio del
conflicto armado. La homofobia/ lesbofobia, transfobia/bisexfobia
internalizadas llevan a quienes la vivencian, al no asumirse plenamente como
homosexual, lesbiana, trans o bisexual a comprender que la violencia de la que
son sujetos “se la merecen” por ser transgresores del “deber ser” de la
sexualidad y en especial, porque como dice Fernando Serrano, a la idea de
victima hay que sumar temas de vergüenza, estigma, riesgo de doble
victimización.
Si para obtener la reparación las personas
deben denunciar los casos, entonces se hace necesaria una estrategia que les
ayude a asumirse víctimas de un crimen de odio y en ello las organizaciones
LGTBI juegan un rol de gran importancia; pero de todos es sabido que el alcance
de dichas organizaciones es mínimo y en consecuencia un gran sector de la
población que ha sido vulnerada no estaría cubierta por dichos derechos. La
gran duda que surge y a la que habría que darle respuesta es ¿Cómo alcanzar a
aquellos que nunca han sido los usuarios directos de los servicios
institucionales LGTBI? Personas que por sus propias condiciones además están
fuera del alcance de las instituciones oficiales encargadas de la reparación y
por tanto de sus ofertas. Personas que son precisamente las que más se les dificulta
construir un proceso de reparación individual.
Por otra parte, no todas las formas en que
se manifiestan los crímenes de odio se entienden como tales, lo que significa
profundizar conceptualmente al respecto para construir la argumentación en la
cual soportar el proceso de comprensión e interiorización necesario para
ampliar el ámbito de dominio de lo que se considera ser víctima, lo que
seguramente entrará en contradicción con el relato construido desde la lógica
institucional oficial al respecto.
Los crímenes de odio contra los
homosexuales y travestis no son recientes en Colombia, ya en 1986 Amnistía
internacional elaboraba un documento en el que se denunciaban más 600
asesinatos por parte de grupos de “limpieza social” en los inicios del paramilitarismo,
en diferentes ciudades, y eso que la mayoría de los casos que se documentaron
fueron los que aparecieron en los medios
masivos de comunicación.
La vulneración de derechos al interior del
conflicto armado que vive el país no solo no ha cesado sino que se incrementa
permanentemente, a lo que hay que sumar que en el conflicto ingresan otros
actores sociales como el Procurador Ordoñez quien no solo no busca la
reparación de los derechos de la población LGTBI sino además, cual inquisidor,
quiere que otras personas bajo su sacrosanto reino, denuncien a quienes buscan
sus derechos e incluso interpone tutelas para que los derechos de las parejas
del mismo sexo se vulneren.
Más de tres décadas de vulneración
suscitada por el conflicto armado han dejado algunas decenas de miles de
víctimas directas en la población LGTBI y para muchos de ellos y ellas, en
especial los que han sido desplazados y/o asesinados, sus vergonzantes familias
prefieren olvidar o negar o incluso ni siquiera conocen los motivos reales de
dicha vulneración.
Me preocupa igualmente si las
organizaciones deben hacerle la tarea al Estado, pero por otra parte si quienes
estamos de parte de las víctimas no documentamos los casos o como mínimo
llamamos la atención hacia ellos, entonces cómo el Estado podrá reconocerlos,
en especial si como ya se ha dicho, algunos ya no están vivos y otros ni
siquiera sabemos que existen.
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