jueves, 30 de abril de 2009

Del vacío a la incongruencia: políticas de migración en Colombia

Por Manuel Velandia Mora[1], [2]
investigadormanuelvelandia@gmail.com

En la presentación del Foro internacional: “La migración en Colombia: un reto para el siglo XXI”, celebrado en Bogotá en julio de 2007, se afirmó que el fenómeno de las migraciones puede ser estudiado desde diferentes puntos de vista: por un lado, puede entenderse como el libre movimiento de personas, bienes y capital, en sociedades concebidas como estructuras abiertas, en que las personas tienen el derecho de tomar distintas decisiones con la legitimidad de construir sus propios proyectos de vida. Por el otro, como un acto casi forzoso, derivado en gran parte de la falta de oportunidades y la urgencia de satisfacer necesidades básicas como la salud, la educación, el trabajo y la seguridad, muchas veces proveídos ineficientemente por parte del Estado.

Es precisamente desde esta segunda perspectiva en la que escribe el presente artículo, en el que se reflexiona sobre los intentos colombianos por construir una política de migración. Los ejemplos que se utilizan se relacionan con la situación española y/o con la Unión Europea, pero debe comprenderse que en las últimas décadas tanto la migración a otros países, como la migración interna tienen raíces comunes en Colombia.

La migración ha sido un fenómeno universal y permanente. Con excepción de la inmigración española y la introducción de negros africanos durante los siglos XVI a XVIII, el territorio colombiano no ha sido receptor de grandes corrientes migratorias procedentes de Europa o de otros continentes.[3] En septiembre de 2007, se conocía que 3,3 millones de colombianos vivían en el exterior, de los cuales el 51,4% son mujeres.

Uno de los países que más población colombiana recibe es España, razón por la cual el tema migratorio ocupa la atención de las agendas públicas de ambos países. Tal vez el fenómeno más importante de las migraciones internas después de la llamada colonización antioqueña de finales del siglo XIX, la de quienes buscaban mejores condiciones de vida a comienzos del siglo XX y la de los emigrados de la “violencia colombiana” de los años cincuenta y sesenta del siglo XX, lo constituye, en los últimos años, el éxodo de “un país que huye” de los ejércitos en conflicto[4].

Los principales grupos señalados como promotores del desplazamiento forzado interno en Colombia, son los “esmeralderos, grupos de autodefensa, guerrilla, milicias populares, narcotráfico, organismos del Estado (DAS, Policía, Fuerzas Militares) paramilitares y terratenientes”[5]. El desplazamiento forzado interno es una de las manifestaciones de esta crisis, quizá la de mayor gravedad, no sólo por la magnitud que reviste (cerca de 2 millones de personas en 15 años) sino por el tipo de rupturas sociales, políticas y culturales que genera; por los interrogantes profundos que plantea sobre el sentido histórico y futuro de la nación colombiana y por la tendencia a la fragmentación social que conlleva.[6]

La política migratoria internacional colombiana tiene dos vertientes importantes para su construcción, por un lado la situación nacional, que demuestra un continuo y exponencial crecimiento de la migración, y por otro, la presión surgida por las políticas internacionales, que se endurecen en la medida en que crece la crisis económica mundial y específicamente, la situación de desempleo, y por consiguiente, las condiciones cualitativas y cuantitativas de los migrantes y las condiciones sociales, políticas y culturales que de ello se derivan para las fuerzas migrantes laborales.

Al incrementarse la crisis se disminuye el interés en salir del país tras mejores perspectivas económicas y de trabajo, pero se mantiene la tasa de quienes buscan satisfacer necesidades como la educación y la salud. En el caso de la seguridad, la inmigración en Colombia ha crecido constantemente y de manera exponencial con el actual gobierno.

La situación legal de la migración nacional y trasnacional en Colombia

Colombia ha sido en términos relativos, uno de los países suramericanos que menos promoción le dio al tema de la inmigración, durante la década de los 50, 60 y 70. En la década de los noventa, se inicia con una clara tendencia a la apertura y consolidación de las relaciones internacionales, cambiando la hipótesis del conflicto por el de la cooperación y la integración de países en bloques... La Constitución Política de Colombia, recoge esta tendencia y resalta el espíritu integracionista de la política exterior colombiana, buscando la complementación económica con el fin de optimizar la utilización y movilidad de los factores de producción, de alcanzar escalas productivas eficientes y estimular las inversiones encaminadas a un intensivo aprovechamiento de los mercados y de la capacidad competitiva en las corrientes de intercambio regional y mundial[7].

Para comprender qué sucede actualmente en el fenómeno de la migración a otros países debe recordarse que en Colombia se crea por el Decreto 1239 de 2003, la Comisión Nacional Intersectorial de Migración, como un órgano para la coordinación y orientación en la ejecución de la política migratoria del país. Que en los objetivos de la “Política Exterior Colombiana 2006-2010” se contempla la necesidad de diseñar una Política Integral de Migraciones. De tal manera que en el “Plan de Desarrollo 2006- 2010” se afirma que “el fortalecimiento de la política estatal migratoria constituye un elemento determinante como factor de desarrollo, por lo que es necesario potenciar en sus efectos positivos tanto en sus países de origen como en los de destino”, y que en el “Documento Visión Colombia 2019”, Capitulo 6, titulado “Diseñar una Política Exterior acorde a un mundo en transformación”, se ha contemplado como una de sus metas “Reforzar los vínculos con los colombianos en el exterior y favorecer sus aportes al desarrollo de la Nación”.

Política sin diagnóstico
Hacer una política de migración requiere una serie de conocimientos previos, que se deben basar en estudios realizados desde disciplinas como la economía, la politología, la filosofía, la antropología, la etnografía, la sociología, la educación y la historia. La principal falencia diagnóstica para hacer una política es que Colombia no re-conoce con profundidad la gravedad de la causa principal de la migración, de la que se derivan muchas otras; mucho menos conoce sus características y efectos. Colombia se halla en un conflicto interno, una guerra que ha incrementado los niveles de pobreza absoluta, que ha desvirtuado el uso del producto interno bruto y que ha destinado su uso al armamentismo, al pago de un ejército de delatores, y desestimado la función de la educación y de la salud publica.

Desde otro punto de vista, se considera que “La política antinarcóticos basada en la represión de los cultivos ilícitos lleva a nuevas formas de movilidad de estas economías y sus secuelas sociales hacia otros territorios de la región Andina, comprometiendo de paso la reserva ambiental multinacional del Amazonas.”[8] Sin el reconocimiento y diagnóstico, no se puede solucionar uno de los grandes problemas de base y mucho menos pensar en alternativas, pues estas se fortalecen con la validación de los planteamientos básicos de los derechos humanos, y el reconocimiento de las diferencias y las diversidades, principios de toda política incluyente, democrática y solidaria.

Frente al desplazamiento forzado en Colombia se han creado políticas que parecería que no viene al caso analizar en este escrito; sin embargo, los mismos argumentos de base que configuran la problemática del desplazamiento internacional son las que originan el desplazamiento interno y sus soluciones, pues en muchos casos los dos tipos de migraciones se imbrican como sucede en los desplazamientos forzados fronterizos.

La política que se traza actualmente en Colombia sobre migración tiene una serie de falencias que pretendo dar a conocer a continuidad.

Política sin objetivos
Una política de migración debe estar perfectamente encaminada a cumplir un objetivo concreto. La lectura de los documentos marco del “Programa Colombia nos une”, arriba citados, demuestra que no hay metas claramente definidas como tampoco un “norte” político claro.

Política sin principios éticos
Hacer una política de migración requiere de unos principios éticos, y sin el reconocimiento de la permanente vulneración de los derechos humanos e incluso de los derechos sexuales, al interior del país, es imposible construir una política interna coherente con la realidad nacional.

Política basada en el sentido común
La más sobresaliente de las falsas creencias que se fundamentan en el “sentido común” se relaciona con el nivel de formación de los migrantes colombianos. Se considera que el nivel educativo de los colombianos sobresale del de los demás inmigrantes latinoamericanos. Es evidente que sobresale no porque sea superior, sino porque los migrantes de otros países, especialmente del Área Andina, tienden a tener niveles educativos formales de formación más bajos. Sin embargo, este plus no determina que tengan acceso a trabajos de mayor rango, en especial porque no hay políticas claras de homologación internacional de títulos universitarios. A lo anterior debe sumarse que el desconocimiento de otras lenguas es una barrera infranqueable para muchos de los migrantes.

Otra falsa creencia tiene que ver con la “facilidad para integrar productivamente a la mano de obra” por medio de convenio de flujos de trabajadores migrantes, cabe destacar que, por ejemplo, la migración hacia España está relacionada con la agricultura (trabajo estacional) y la construcción, dos actividades actualmente en crisis, con efectos negativos especialmente para los migrantes. Estos, cuando luego de concluir su contrato, deciden quedarse entran en procesos de ilegalidad, por cuanto su traslado obedece a permisos temporales, situación que los conduce a trabajos a destajo, con baja remuneración.

Una última falsa creencia, entre las muchas que quedan por analizar, sería la del flujo de capitales y su incidencia en la economía nacional. Aun cuando es verdad que las remesas se venían incrementando, eso tan sólo es verdad para épocas pasadas, actualmente las personas cada vez menos pueden aportar capital a sus familias en Colombia y cuando lo hacen a pesar de la situación real económica y laboral en la que viven en los países a los que han migrado, se ven obligados a desarrollar trabajos de bajo nivel y de reconocimiento social y económico, actividades que muchas veces consideran denigrantes, y que realmente los son, porque en algunos casos deben recurrir a la prostitución y/o actividades ilegales, que afectan además su situación emocional, autoestima, auto y heterovaloración, y de paso terminan minando las relaciones familiares.

La situación del empleo
Veamos un caso sobre la situación de empleo. Los servicios públicos de empleo españoles alcanzaron a finales de marzo de 2009 la barrera de los 3,6 millones de personas sin trabajo. A finales de 2008, con relación a inmigrantes, en el sector de la construcción se registraron 70.701 desocupados (el 13,60%), en el Sector de servicios, 46.471 (2,69%) y en el Sector de la industria 27.725 (7,45%). El aumento del desempleo ha obligado a los nacionales españoles a aceptar empleos en los que realizan tareas que tradicionalmente no querían realizar y que eran dadas a los inmigrantes, como son los casos del campo y la construcción. Este ultimo uno de los sectores mas afectados por la actual crisis económica española provocando que un gran volumen de extranjeros se encuentre en paro (40% de nuevos parados). La Secretaria General de Empleo en España, Maravillas Rojo, afirmó que “el año 2009 será muy difícil, en la medida en que seguirá creciendo el desempleo, como consecuencia de la caída de la actividad productiva y del consumo". En lo que va corrido del año 2009 esta predicción se ha cumplido, superando los índices proyectados.

Interrelación, interafectación e interdependencia
Analizando sistemicamente la situación de la migración, puede decirse que el incremento en el número de inmigrantes es tan solo la emergencia, es decir el resultado de la interrelación, interafectación e interdependencia de una gran cantidad de situaciones que es necesario tener en cuenta, no solo a nivel interno, sino también a nivel internacional, especialmente en aquellos países a donde suelen desplazarse en mayor volumen, los colombianos.

Un aspecto determinante es la imposibilidad que tienen los países de cubrir la mano de obra necesaria, pues ello los hace atractivos para los migrantes como fuente de empleo. Mientras que la fecundidad continúe en descenso y la esperanza de vida en aumento, Europa se encontrará en primera línea del proceso de envejecimiento de la población a nivel mundial. Durante los últimos decenios, las tasas de fecundidad en Europa han descendido hasta una media de 1,4 hijos por mujer en edad de procrear. La población de 60 años o más representa hoy el 20 % de la población en Europa y, de aquí al año 2050, esta cifra llegará probablemente a alcanzar el 33 %.[9] En la medida que la población envejece se requiere de mano de obra y en consecuencia de migrantes que desarrollan aquellas actividades productivas que los mayores no pueden ejecutar.

Aunque las políticas de migración en la Unión Europea son la competencia primordial de los Estados Miembro, la Unión tiene un importante rol que jugar ya que fija el marco general. La UE, por ejemplo, ha sido criticada recientemente por la "Directiva de Retorno", que establece reglas comunes de deportación de inmigrantes irregulares. Además, los países que se encuentran en las fronteras de la Unión, como Italia, quieren compartir sus responsabilidades con otros Estados Miembro. Allí existe además la necesidad de encontrar una solución común, dice Kacim Kellal del Ministerio francés de Migración e Identidad Nacional.[10] La Unión Europea debería reconocer la importancia de la migración ya que los trabajadores migrantes ayudan a mejorar su funcionamiento y cada vez mas tendrá que reconocer tener necesidad de ellos.[11]

Las condiciones económicas que pueden tener los migrantes, determinan el bienestar y calidad de vida que estos pueden obtener, pero también las que esperan para sus familiares que permanecen en Colombia. La situación de la economía mundial ha cambiado las perspectivas para los inmigrantes y han planteado la contradicción entre las necesidades reales y la posibilidad de que inmigrantes europeos, provenientes de países que hace algunos años ingresaban como ilegales, puedan entrar actualmente de manera legal cambia las perspectivas para los latinoamericanos, en especial cuando se han creado recientemente políticas que favorecen la repatriación de inmigrantes.

En la zona del euro, los salarios y sueldos aumentaron en un 3,7% en el año hasta el primer trimestre de 2008. El Consejo de Ministros de España aprobó un importe del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) para el año 2009, que se ha fijado finalmente en 624 euros mensuales (1.872.000 pesos), lo que supone un incremento del 4% respecto a la establecida en 2008. En Colombia el salario mínimo para el 2009 quedó en $497.000 pesos, sin embargo, la inflación para los colombianos de estrato bajo fue de 8,99%, según el DANE. Las personas cuando emigran siempre tienen la idea de que obtendrán un trabajo, pero no tienen en cuenta que mientras no tengan un permiso de trabajo tendrán que laborar como ilegales y hacerlo con salario inferior, si a ello suman los cambios que se han generado con la crisis económica comprenderían, que en el momento actual las posibilidades de obtener un trabajo son cada vez menores. Por otra parte, el autor ha observado que las personas viven en condiciones de hacinamiento y con baja calidad de vida, especialmente por los costos de vida, pero especialmente porque prefieren sacrificar su bienestar en beneficio de la calidad de vida familiar, ya que son concientes de que cualquier aporte económico que logren preveer a su familia se multiplica por tres en Colombia.

Otro aspecto preocupante para quienes viven fuera de su país, incluso en países en los que se habla el castellano, es la interculturalidad. En España se hablan lenguas diferentes al español (Valenciano, Catalán, Euskera, Gallego y Aragonés); en las diferentes comunidades esos idiomas son igualmente oficiales, en tal sentido, para ciertos trabajos se requieren mínimos conocimientos de ellos. La falta de su dominio hace menos competitivas a las personas en empleos que las ponen en relación directa con el cliente. Pero la lengua no es siempre lo más determinante en la multiculturalidad, la manera como se vive en el cotidiano, la dieta alimentaria, el sentido del humor y cosas tan sencillas como hablar sobre sí de manera positiva (que se considera prepotencia) se vuelven barreras cotidianas difíciles de sobrepasar, que sin embargo determinan las posibilidades de construir relaciones interpersonales y que terminan siendo la razón por la que muchas personas deciden regresar a su país.

En la mayoría de países europeos el reconocimiento de los saberes se dificulta, mientras no haya habido homologación de títulos, se considera que la persona tiene un nivel escolar primario; la homologación de títulos puede demorar entre uno y dos años y generalmente implica tomar algunos cursos adicionales para alcanzar el titulo español. A ello debe agregarse que es difícil demostrar la experiencia laboral cuando no se ha oficializado un documento con el cual ello pueda comprobarse. Sin embargo también he observado que en aquellas situaciones en las que se desempeña una profesión de la cual hay una necesidad demostrada, por ejemplo profesionales de la medicina, la enfermería y la informática (sistemas), las personas logran ubicarse en mejores condiciones, especialmente si son contratados en el país de origen.

Falencias en la construcción de la política
Mientras en Colombia no se logre en las políticas de migración el reconocimiento de los anteriores aspectos, que son tan solo algunos de los que minan la posibilidad laboral, será imposible que las personas accedan a trabajos que no sean de bajo rango económico.

Tal y como ha sucedido siempre en otras temas, las políticas de migración de los países tercermundistas dependerán de la economía, de la necesidad de mano de obra barata y de las decisiones que sobre el tema se toman en el club de los países ricos.

La discusión de las políticas en Colombia debe alimentarse de lo que sucede en el resto del mundo, pero igualmente debe acompañarse de equipos interdisciplinarios e interinstitucionales de trabajo en los que participen las ONG de inmigrantes y migrantes, de Derechos Humanos, las que se orientan a situaciones derivadas de la migración ilegal, como también las conformadas por víctimas del conflicto armado, de la trata de personas.

Debe investigarse etnográficamente a los migrantes que han regresado por decisión propia y aquellos que fueron obligados a hacerlo; aquellos que optaron por quedarse y se vieron obligados a quedarse de manera ilegal o lo hicieron legalmente; los asilados políticos y por otras formas de violencia, como la sexual, ya que su conocimiento, experiencia y emoción son un aporte fundamental para hacer una política útil a los ciudadanos. Sólo con un estudio exhaustivo de la realidad y con el reconocimiento pleno de los orígenes reales de la migración, por ejemplo de que Colombia está en un conflicto interno, podrá el país aproximarse a la construcción de una política efectiva y congruente con las necesidades reales de los y las colombianos/as.

La participación de la sociedad civil
Velandia (2005) considera que la realización de los derechos, ya sea porque existe el riego de que estos se vulneren o porque ya han sido vulnerados, implica llevar a cabo acciones institucionales y poner en marcha mecanismos de protección que hagan posible la eficacia material de dichos derechos; es decir, su cumplimento efectivo y no sólo respuestas simbólicas que “ofrecen alternativas” que nunca se llevan a la práctica. Lograr acciones institucionales orientadas a la realización de derechos de las personas se hace posible en la medida en que cumplimos un “ciclo de política pública”. Se entiende que la política pública es la resultante del proceso que articula la participación y el diálogo de todos los actores involucrados con respecto al tema que la convoca; éste se considera prioritario por ser un problema entendido como socialmente relevante, luego de un análisis claro y realista sobre lo que existe y lo que al respecto es apropiado, en cuanto a la satisfacción de necesidades de la comunidad directa e indirectamente afectada.[12]

Velandia considera en el citado texto, que las políticas públicas se diseñan y construyen desde y con las personas, en un territorio determinado y con las posibilidades para de dar una respuesta efectiva a un problema determinado. Dicha respuesta puede o no es ser definitiva, pero posibilita la revisión o el diseño e implantación de acciones conjuntas con otras entidades públicas y privadas que cooperan en la búsqueda de alternativas.

Las condiciones en las que se desarrolla una política pública, según Velandia, deben estar dadas de acuerdo con las necesidades propias y particulares de cada población; es decir, desde un enfoque diferencial y de equidad. Comprendiendo que no es solamente la atención post emergencia –cuando ya se ha emigrado-, sino que parte desde generar las condiciones básicas para la realización de los derechos como fundamento de cualquier tipo de acción afirmativa. El fin del restablecimiento es intentar compensar las inequidades producto de la falla estatal en el deber de protección; en consecuencia, las acciones de este orden abarcan todo el ciclo de la política pública, diseño (que incluye el diagnóstico), desarrollo, implementación, seguimiento y evaluación.

Sin embargo, cuando el estado “investiga” suele relativizarse el diagnóstico a las necesidades del Estado, de ahí la importancia de crear y fortalecer un mecanismo de participación democrático e incluyente con la participación de todos los actores sociales, que le de vida a la política migratoria en todos sus campos, idea propuesta entre otros por la Fundación Esperanza. Los diagnósticos y las propuestas para el diseño deben construir consensos que se validen a través de iniciativas legislativas y del ejecutivo, capaces de dar respuesta al problema de la migración. Ya que “la sociedad civil ha estado ausente de la formulación de los planes y programas en temas migratorios, a pesar de contar con una valiosa experiencia en este sentido… Capitalizar la experiencia de las organizaciones en general y en particular de la sociedad civil permitiría además, contar con el valor agregado de estas organizaciones, por la confianza que pueden significar para los beneficiarios de los servicios, porque en ellas pueden buscar la representación de su voz, y por la acción complementaria y en algunos casos subsidiaria de la acción del Estado”.[13]

A principios del 2008 se conformó en Colombia la Plataforma Social Migratoria HERMES que agrupa a 17 organizaciones sociales, académicas, religiosas, sindicales, más un núcleo de personas vinculadas al tema migratorio, creando las bases para fomentar el dialogo político- social sobre el hecho migratorio y para liderar desde la sociedad civil iniciativas políticas que contribuyan a garantizar los derechos humanos, y el bienestar de nuestros migrantes y sus familias.

El peso de la sociedad civil debe ser tenido en cuenta si realmente se desea dar una respuesta integral a la problemática de las migraciones. Un ejemplo de la actividad desarrollada ha sido el documento suscrito por más de dos mil organizaciones sociales del mundo, rechazando abiertamente la Directiva del Retorno aprobada por el Parlamento Europeo, durante el Tercer Foro Social de las Migraciones, celebrado en España del 11 al 14 de septiembre de 2007.[14] En el Tercer Foro Social por las Migraciones que se llevó a cabo en la región de Rivas Vaciamadrid (España), los representantes de la sociedad civil expresaron su preocupación por la constante vulneración de derechos a los y las migrantes, especialmente en los países del Norte, además de exigir la voluntad política de todos los gobiernos para mejorar sus condiciones.

[1] Lo expuesto en este artículo es entera responsabilidad del autor, y no de la Fundación ESPERANZA. El usuario fue invitado a escribir en la edición de la Revista Migrante Nº7, por parte del comité editorial
[2] Velandia Mora, Manuel Antonio. Sociólogo, Master en Educación, DEA en Psicopedagogía.
[3] http://alhim.revues.org/index522.html
[4] Codhes –Unicef, Un país que huye. Desplazamiento y violencia en una nación fragmentada, Bogotá, 1999.
[5] Jaime Andrés Erazo et alter, “Diversas causas y costos del desplazamiento: ¿Quién los compensa?” Banco Mundial, Informe 2001, p.12.
[6] “Esta Guerra no es Nuestra”: Niños y desplazamiento forzado en Colombia, Codhes – Unicef, Bogotá, 2000 p.9.
[7] Palacio Betancourt, Diego (2007). Ministerio de Protección Social de Colombia. La política migratoria colombiana. http://www.icpcolombia.org/archivos/publicaciones/diego_palacio_discurso.pdf
[8] Codhes Informa. Boletín de la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento, Bogotá 7 de diciembre, 2000, No. 34, p.3-4.
[9] Asamblea Parlamentaria Europea. Retos de la política social en las sociedades europeas que envejecen. En: http://www.imsersomayores.csic.es/documentos/documentos/consejoeuropa-rec1591-01.pdf
[10] http://www.radio18-12.net/es/story/2008/12/union_europea_politicas_migracion
[11] Caroline Ausserer para Radio 1812. http://www.radio18-12.net/es/audio/2008/12/critica_politicas_migracion_europeas
[12] Velandia Mora, Manuel Antonio (2005). El trabajo en equipo y las políticas públicas: ruta para la garantía de derechos. En: Módulo 5. Parcela 3. La expedición se construye en Equipo. Bogotá: OIM/ Proyecto Fondo Mundial Colombia; Bogotá.
[13] Gómez Diez, Oscar (2008). Del olvido a la inclusión: Elementos para una política pública migratoria desde un enfoque de derechos Humanos. En: Revista Diálogos Migrantes Nº 1. www.revistadelmigrante.org
[14] Declaración del Tercer Foro Mundial de las Migraciones. En: Revista Diálogos Migrantes Nº 1. www.revistadelmigrante.org

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